Opiniones
El nuevo Código Penal y el ejercicio de la medicina: una reflexión necesaria
Por Dra. Coral Pereyra.-
A horas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal marca un antes y un después para el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Independientemente de los avances que pueda representar en otros ámbitos, para los profesionales de la salud surge una preocupación legítima: el incremento del riesgo penal derivado de la práctica médica.
La medicina no es una ciencia exacta. Ningún médico puede garantizar un resultado favorable en todos los casos. Cada paciente responde de manera diferente a los tratamientos, existen complicaciones imprevisibles y, aun actuando conforme a la evidencia científica y a los protocolos establecidos, pueden producirse desenlaces adversos.
Sin embargo, el temor del sector médico es que esos resultados sean interpretados en un proceso judicial como hechos susceptibles de responsabilidad penal, trasladando la decisión final a un juez que, aunque cuenta con el apoyo de peritos, no necesariamente posee formación médica para valorar la complejidad de una actuación clínica.
Esta realidad genera incertidumbre entre los profesionales de la salud. Hoy, un médico puede enfrentar no solo una demanda civil, sino también una investigación penal que comprometa simultáneamente su libertad, su patrimonio, su ejercicio profesional y su reputación construida durante décadas.
El patrimonio de un médico representa el fruto de años de estudio, sacrificio y trabajo. La posibilidad de responder con bienes personales, además de enfrentar sanciones penales, crea un ambiente de inseguridad jurídica que puede afectar el ejercicio de la profesión.
Otro aspecto que preocupa profundamente es la confidencialidad de la información médica.
Para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) autoricen o paguen determinados procedimientos, con frecuencia solicitan resultados de estudios, biopsias, citologías, informes médicos y otros documentos que contienen datos altamente sensibles de los pacientes.
Aunque estas solicitudes suelen realizarse dentro de procesos administrativos, los médicos se preguntan quién tiene acceso a esa información, cuáles son las garantías de confidencialidad y quién respondería si esos datos fueran divulgados indebidamente o utilizados para fines distintos a la atención médica y la auditoría permitida por la ley.
La relación médico-paciente se fundamenta en la confianza. Si el paciente percibe que su información íntima puede circular fuera del ámbito estrictamente asistencial, esa confianza puede verse afectada.
Existe además el temor de que el nuevo escenario jurídico favorezca un aumento de las denuncias penales. Toda legislación debe proteger a los pacientes cuando exista una verdadera actuación negligente; sin embargo, también debe evitar que el proceso penal se convierta en un mecanismo de presión frente a complicaciones inherentes al acto médico o frente a diferencias de criterio científico.
La judicialización excesiva de la medicina puede tener consecuencias importantes para el sistema de salud. Muchos profesionales podrían optar por practicar una medicina defensiva, solicitando procedimientos innecesarios para disminuir riesgos legales; otros podrían abandonar áreas de alta complejidad, limitar determinados procedimientos o incluso retirarse anticipadamente del ejercicio profesional.
Esta situación afectaría directamente el acceso de la población a especialistas, particularmente en disciplinas de alto riesgo como Ginecología y Obstetricia, Neurocirugía, Cirugía General, Anestesiología, Medicina de Emergencias y otras especialidades críticas.
No se trata de reclamar impunidad para los médicos. Cuando exista negligencia demostrada, imprudencia grave o violación de los deberes profesionales, corresponde que actúen las autoridades competentes. Lo que el sector médico solicita es seguridad jurídica, reglas claras y un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la protección de quienes ejercen una profesión esencial para la sociedad.
El Estado, el Congreso Nacional, las autoridades sanitarias, las ARS y el Colegio Médico Dominicano tienen la responsabilidad de construir un marco que garantice simultáneamente la protección del paciente, el respeto al secreto profesional, la confidencialidad de la información clínica y la seguridad jurídica de los profesionales de la salud.
La salud de un país depende de la confianza entre médicos y pacientes. Esa confianza solo puede mantenerse cuando existe un sistema legal justo, equilibrado y técnicamente fundamentado, que sancione la verdadera mala práctica, pero que también proteja a quienes ejercen la medicina con ética, responsabilidad y apego a la ciencia.
(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).
