Crecimiento económico con desigualdad es el gran desafío dominicano

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes.-

La República Dominicana ha mantenido durante varias décadas uno de los ritmos de crecimiento económico más elevados de América Latina. Se han construido carreteras, aeropuertos, hoteles, viviendas y grandes centros comerciales; han aumentado las inversiones extranjeras, las exportaciones, las remesas y los ingresos procedentes del turismo. Sin embargo, detrás de esas cifras alentadoras persiste una pregunta fundamental: ¿cómo se está distribuyendo la riqueza creada por ese crecimiento?

El economista estadounidense Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha colocado esta cuestión en el centro del debate nacional. Según explica en un artículo publicado por el periódico Hoy, la desigualdad dominicana volvió a aumentar en 2025, pese al sostenido crecimiento económico experimentado por el país.

Los datos que cita son contundentes. Según el World Inequality Database, el 10 % más rico de la población dominicana concentra el 45 % de los ingresos, mientras que el 50 % más pobre recibe solamente el 11 %.

Esto significa que el crecimiento económico existe, pero sus frutos se reparten de manera profundamente desigual.

Stiglitz sostiene que la desigualdad extrema no es una consecuencia inevitable del funcionamiento de la economía. Tampoco constituye el precio que necesariamente debemos pagar para crecer. Es, principalmente, el resultado de decisiones políticas relacionadas con el sistema tributario, los salarios, el mercado laboral, la educación, la salud, la inversión pública y las reglas que determinan las relaciones entre el capital y los trabajadores.

Por consiguiente, si determinadas decisiones pueden aumentar la desigualdad, otras decisiones pueden reducirla.

La experiencia dominicana demuestra que no basta con anunciar el crecimiento del producto interno bruto. Una economía puede crecer mientras una parte considerable de la población permanece atrapada en empleos precarios, salarios insuficientes, servicios públicos deficientes y grandes dificultades para acceder a una vivienda digna, medicamentos, educación de calidad o seguridad social.

El crecimiento debe medirse también por su capacidad para mejorar concretamente la vida de las familias.

La desigualdad económica, además, termina convirtiéndose en desigualdad política. Quienes concentran grandes fortunas poseen mayores posibilidades de influir en las decisiones gubernamentales, financiar campañas, controlar medios de comunicación, contratar grupos de presión y orientar leyes y regulaciones en su beneficio.

Mientras tanto, los ciudadanos de menores ingresos tienen menos posibilidades de hacer escuchar sus necesidades. De esa manera se debilitan la confianza institucional, la cohesión social y la propia democracia.

¿Qué puede hacer la República Dominicana?

En primer lugar, necesita una reforma fiscal verdaderamente progresiva. No se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de distribuir las cargas de acuerdo con la capacidad económica de cada sector, combatir la evasión, revisar exenciones injustificadas y evitar que el peso de la recaudación recaiga principalmente sobre el consumo y los hogares de ingresos medios y bajos.

En segundo lugar, hay que fortalecer los salarios reales y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ningún modelo de desarrollo puede considerarse exitoso cuando tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. El aumento de la productividad debe reflejarse en mejores remuneraciones y no exclusivamente en mayores beneficios empresariales.

En tercer lugar, el Estado debe elevar la calidad del gasto público. La inversión en educación, salud, agua potable, transporte colectivo, viviendas y formación técnica constituye una política redistributiva fundamental. Pero no basta con asignar mayores presupuestos: es indispensable garantizar eficiencia, transparencia y resultados verificables.

También deben ampliarse la formalización laboral y la protección social. Una gran cantidad de dominicanos trabaja sin seguro médico adecuado, pensión futura, vacaciones pagadas ni estabilidad. La informalidad no puede continuar siendo el refugio permanente de quienes quedan excluidos del crecimiento.

Debe promoverse, además, una competencia económica real. Los monopolios, oligopolios y privilegios concedidos a determinados grupos reducen las oportunidades de los pequeños empresarios, elevan los precios y concentran aún más la riqueza. La economía necesita reglas claras, instituciones fuertes y acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Stiglitz propone la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad, inspirado en el organismo científico mundial que estudia el cambio climático. La iniciativa permitiría medir con mayor rigor la concentración de los ingresos y evaluar anticipadamente los efectos distributivos de las políticas públicas.

El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de respaldar esa propuesta y convertir a la República Dominicana en participante activo de la lucha internacional contra la desigualdad.

Pero el compromiso debe comenzar dentro del país.

El verdadero desarrollo no consiste solamente en producir más riqueza. Consiste en crear oportunidades para todos, fortalecer una clase media amplia y asegurar que ninguna familia quede condenada a la pobreza mientras una minoría concentra una proporción desmesurada de los ingresos.

La República Dominicana ha demostrado que sabe crecer. Ahora debe demostrar que también sabe distribuir con justicia los frutos de su crecimiento.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).