VIOLENCIA: AYER SILENCIO, HOY ALARMA

Por: Dr. Nicanor Rodríguez Tejada.-

El país asiste con pasmosa regularidad a la misma puesta en escena: la calma chicha de la indiferencia interrumpida bruscamente por el estallido de la tragedia. Ayer silencio, hoy alarma. Nos conmocionamos ante la sangre visible en los titulares y el dolor mediático, pero permanecemos anestesiados y ciegos ante la lenta hemorragia de las causas estructurales que operan en la penumbra. La paradoja del silencio: La sociedad reactiva y la hemorragia invisible

Y bajo la paradoja del silencio: La sociedad reactiva y la hemorragia invisible, seguimos viviendo atrapados en una anestesia social y en la lógica del observador apático: nadie actúa por prevención, sino por la presión de la agenda de los medios y la coyuntura del escarnio público. Cuando la única respuesta del Estado ante la descomposición del tejido social es el incremento de los llamados «intercambios de disparos», no presenciamos una victoria de la justicia, sino la confesión explícita del colapso de las instituciones.

Las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana y los propios registros de la Policía Nacional revelan de forma recurrente que una proporción alarmante de las muertes violentas en el país ocurren bajo la figura del uso de la fuerza legal o ejecuciones en intervenciones policiales. El instrumento coercitivo del Estado se ha vuelto más violento que la paz que promete restablecer. La criminología y la ciencia del comportamiento han demostrado hasta el cansancio que la violencia de Estado no disuade el delito; solo desplaza el conflicto, profundiza la desconfianza ciudadana y acelera el deterioro del clima de paz.

Este fenómeno no es aislado; es el síntoma de un fracaso en cadena. La familia ha colapsado como espacio primario de contención psicoafectiva; la escuela se ha visto reducida a una guardería académica incapaz de gestionar el comportamiento destructivo y la salud mental de las nuevas generaciones; y el Estado, junto al sector privado, ha mirado hacia otro lado mientras la depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad se propagan como epidemias no atendidas. La sociedad padece de una indefensión aprendida, cuyo concepto ha sido acuñado por el psicólogo Martin Seligman: en donde se asume la violencia como un destino inalterable y nos resignamos a la pasividad hasta que la sangre salpica la puerta de nuestra casa. Y ahí toca el clarín de la alarma.

Ese concepto ha permitido que la escuela se encuentre hoy atrapada en un modelo desfasado. La estructura de Orientación y Psicología del sistema educativo, diseñada e institucionalizada bajo la lógica y las realidades sociopolíticas de los años 1969-1970, resulta hoy francamente obsoleta e insuficiente. Pretender que una oficina de orientación tradicional pueda contener las manifestaciones de violencia que atraviesan las aulas es no entender la gravedad del problema.

Hoy, más que una mera actualización del departamento de Orientación y Psicología, la escuela exige una intervención mancomunada, un abordaje multidisciplinario y sistémico que integre al Estado, a la comunidad, a las familias y a especialistas de diversas áreas para trabajar en verdaderos programas de prevención antes de que el conflicto explote. En su formato actual, el servicio de orientación ha perdido su razón de ser frente a la naturaleza hiperviolenta y conflictiva que ha alcanzado la sociedad contemporánea, reduciéndose a reaccionar de forma tibia ante la crisis ya consumada

Pero el problema es aún más profundo: la violencia no avisa por dónde llega ni a quién alcanza; por eso es un asunto de todos. Existe la falsa y peligrosa creencia de que la descomposición social solo afecta a los estratos vulnerables o a los márgenes geográficos. La historia reciente nos demuestra dolorosamente lo contrario. ¿Acaso hemos olvidado que la violencia cruzó los umbrales del poder y se cobró las vidas trágicas del alcalde Juan de los Santos (Juancito Sport) en su propio despacho y del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en la intimidad de su sede institucional?

Aquellos hechos conmovieron al país, detuvieron la agenda nacional, produjeron discursos al más alto nivel, promesas de control de armas, análisis televisados y condolencias de Estado. Sin embargo, al cabo de unas semanas, la marea mediática bajó, la indignación se evaporó y todo volvió al mismo estado de desidia. Si la muerte violenta de figuras de la cima política y empresarial solo genera un lamento pasajero y no una reforma estructural del sistema de salud mental y seguridad, ¿qué le queda al ciudadano de a pie?, Veámonos en la paradoja de la inmaculada reforma policial y obtengamos nuestras propias conclusiones.

Frente a este escenario de emergencia nacional, la omisión resulta inaceptable. Como ciudadano y profesional de la conducta y el derecho, en agosto pasado envié comunicaciones formales al Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y al Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) solicitándole asumir una postura pública, técnica y científica sobre la llamada «reforma policial» y sobre el impacto de la crisis de salud mental en la violencia sistémica. Han transcurrido meses y la única respuesta ha sido el silencio.

Un silencio corporativo, académico e institucional que nos vuelve cómplices. Cada vez que una vena social eclipsa por la grieta de la negligencia, se revienta una arteria coronaria en la estructura de la nación. El paciente cae en estado de emergencia, la sociedad al más alto nivel se conduele, se emiten ultimátums, se demuestra una «efectividad policial» tardía impulsada por las cámaras para que el sospechoso se entregue, pero para entonces la hemorragia ya ha matado al paciente. La respuesta reactiva no es medicina: es una autopsia.

¿Qué podemos hacer? ¿Hasta cuándo debemos esperar? Tratar la violencia requiere cambiar el paradigma punitivo por un enfoque de salud pública, intervenir de manera integral a la familia y la escuela, y ejecutar una verdadera reforma policial respaldada por evaluaciones y acompañamiento psicológico continuo. Pero, sobre todo, requiere que las academias y los gremios profesionales asuman su rol histórico como asesores del Estado y guardianes del bienestar colectivo, abandonando la comodidad del trámite burocrático.

Si la ciencia de la conducta calla, si el Estado solo actúa ante el titular de prensa y si la ciudadanía sigue esperando que el problema no toque a su puerta, entonces cabe preguntarse: ¿es oportuno el silencio o ha llegado la hora de cerrar este bolígrafo y dar por perdida la causa? Yo me niego a guardar silencio, porque cuando la palabra se apaga, la violencia habla con las armas.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).