A los 65 años después de Trujillo está pendiente la gran reforma de humanizar el Estado

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes.-

Han transcurrido sesenta y cinco años desde la desaparición de Rafael Leónidas Trujillo Molina y el fin de una de las dictaduras más prolongadas de América Latina.

Durante estas décadas, la República Dominicana ha construido instituciones democráticas, ha celebrado elecciones libres, ha fortalecido su economía y ha ampliado considerablemente el catálogo de derechos reconocido por la Constitución de 2010.

Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas obligan a formular una pregunta incómoda: ¿hemos logrado construir un Estado verdaderamente humano en la elaboración y aplicación de las leyes?

El debate alrededor del nuevo Código Penal parece responder negativamente.

Lo que está ocurriendo no constituye únicamente una discusión sobre determinados artículos relativos a la libertad de expresión, la difamación o el ultraje a funcionarios públicos.

Lo que revela es una forma de legislar que con frecuencia privilegia la rapidez sobre el estudio profundo, y una forma de administrar justicia que, en ocasiones, parece olvidar que detrás de cada expediente existe una persona.

Los hechos hablan por sí mismos.

El Congreso Nacional aprobó una reforma penal llamada a sustituir un Código centenario.

Sin embargo, antes incluso de que la nueva legislación entre en vigor, el propio Poder Ejecutivo ha remitido al Senado un proyecto con dieciocho modificaciones urgentes que afectan materias tan sensibles como la libertad de prensa, el delito de ultraje, la difamación, la injuria, el perjurio, el hostigamiento, el exhibicionismo sexual, el proxenetismo, la malversación de fondos públicos y otras disposiciones fundamentales.

Al mismo tiempo, el presidente del Senado ha anunciado que esas modificaciones deberán aprobarse antes del 3 de agosto, fecha prevista para la entrada en vigencia de la Ley 74-25.

La realidad resulta elocuente.

Si una ley necesita ser modificada antes de comenzar a producir efectos jurídicos, ello demuestra que el proceso legislativo anterior fue insuficiente para detectar problemas que ahora todos reconocen como relevantes.

Las leyes pueden y deben perfeccionarse.

Ningún Parlamento del mundo es infalible.

Pero una cosa es corregir una norma después de años de experiencia práctica y otra muy distinta es verse obligado a revisarla antes de que empiece a regir la vida nacional.

Lo más significativo es que esta conclusión no proviene únicamente de sectores críticos del Congreso.

El senador Antonio Taveras Guzmán había planteado semanas antes modificaciones relacionadas con la libertad de expresión, proponiendo eliminar penas de prisión en determinados delitos contra el honor, restringir el delito de ultraje a funcionarios públicos y evitar mecanismos que pudieran convertirse en formas indirectas de censura.

Por su parte, la diputada Selinee Méndez defendió su voto favorable al Código Penal argumentando que el país necesitaba con urgencia una legislación moderna para tipificar nuevos delitos.

Mientras tanto, el comunicador Santiago Matías reveló que, tras reuniones con representantes del Gobierno y diversos comunicadores, se había alcanzado un consenso para modificar dieciséis artículos del texto aprobado.

Estas posiciones son diferentes entre sí, pero conducen a una misma conclusión institucional: el Código Penal necesitó ser revisado inmediatamente después de haber sido aprobado.

Esa coincidencia merece una reflexión mucho más profunda que el simple debate político del momento.

Sin embargo, el problema no termina en la elaboración de las leyes.

También alcanza su aplicación.

Mientras el Congreso discute reformas penales, la opinión pública dominicana ha seguido con preocupación el caso de Epifanio Castro del Carmen, un hombre de noventa y tres años, aquejado de Alzheimer, demencia senil y otras graves condiciones de salud, que permanece privado de libertad cumpliendo una condena derivada de una riña ocurrida hace siete años.

Su situación ha provocado un amplio reclamo nacional para que se examinen los mecanismos legales que permitan una solución compatible con la dignidad humana.

No corresponde sustituir el criterio de los tribunales ni desconocer el principio de legalidad.

Toda sentencia firme merece respeto dentro del Estado de derecho.

Pero precisamente el Estado de derecho también reconoce que la ejecución de las penas debe desarrollarse respetando los derechos fundamentales de las personas condenadas.

El propio Código Procesal Penal atribuye al juez de ejecución de la pena la responsabilidad de velar por esos derechos durante el cumplimiento de la condena, mientras que la Constitución confiere al Presidente de la República la facultad de conceder indultos en los casos previstos por la ley.

Más allá del desenlace específico de este expediente, el caso obliga a recordar que la justicia no puede reducirse al cumplimiento mecánico de normas.

El derecho nació para servir al ser humano, no para convertirlo en víctima de un formalismo incapaz de reconocer circunstancias excepcionales.

Quizá esa sea la verdadera enseñanza que dejan ambos acontecimientos.

El Código Penal evidencia la necesidad de legislar mejor.

El caso de Epifanio Castro recuerda la necesidad de aplicar mejor las leyes.

Ambos episodios apuntan hacia una misma reforma pendiente: humanizar el funcionamiento del Estado.

Humanizar el Congreso significa que los legisladores dispongan del tiempo, del apoyo técnico y del rigor necesarios para estudiar cuidadosamente cada proyecto antes de aprobarlo.

Significa escuchar a especialistas, universidades, jueces, fiscales, periodistas, gremios profesionales y organizaciones sociales antes de levantar la mano en el hemiciclo.

La calidad de una democracia no se mide por la cantidad de leyes aprobadas, sino por la calidad de esas leyes.

Humanizar la justicia significa recordar que cada expediente contiene una historia humana. Significa que los jueces ejerzan plenamente las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce para proteger la dignidad de las personas, especialmente cuando la edad, la enfermedad o circunstancias extraordinarias plantean conflictos entre la aplicación literal de la norma y los principios superiores de humanidad y proporcionalidad.

Sesenta y cinco años después del fin de la dictadura, la República Dominicana enfrenta desafíos muy distintos a los de 1961.

Hoy no se trata únicamente de garantizar elecciones libres o la separación de poderes.

Se trata también de construir instituciones que combinen firmeza con sensibilidad, legalidad con prudencia, autoridad con compasión.

La democracia no se fortalece únicamente sustituyendo gobiernos.

Se fortalece cuando las leyes son fruto del estudio serio y cuando la justicia nunca pierde de vista el rostro humano de quienes comparecen ante ella.

Tal vez esa sea la gran reforma pendiente de nuestra vida republicana.

No basta con modernizar códigos.

Es necesario modernizar la cultura institucional que los produce y la sensibilidad con que se aplican.

Porque un Estado verdaderamente democrático no se define solo por el respeto a la ley, sino también por la capacidad de hacer de la ley un instrumento de justicia, de equilibrio y de humanidad.

Fuentes:

Constitución de la República Dominicana.

Código Procesal Penal de la República Dominicana, artículos relativos al juez de ejecución de la pena.

Listín Diario, “Senado se apresta a decidir sobre 18 enmiendas al Código Penal”, 11 de julio de 2026.

Listín Diario, “Crece clamor por libertad de Epifanio Castro, el anciano de 93 años deteriorado encarcelado”, 11 de julio de 2026.

Roberto Cavada, “Antonio Taveras reitera propuesta para fortalecer la libertad de expresión en el Código Penal”, 29 de junio de 2026.

Roberto Cavada, “Selinee Méndez defiende su voto a favor del Código Penal: ‘Si tengo que volver a votar, vuelvo y voto’”, 2026.

Roberto Cavada, “Santiago Matías insta a dar seguimiento a los cambios que tendrá el Código Penal”, 10 de julio de 2026.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).