La Seguridad Social Dominicana: ni limpia, ni fija, ni da esplendor

Luis Holguín-Veras Martínez
Psicólogo y Activista Social

Recientemente leí el artículo Por qué ni limpia, ni fija, ni da esplendor, de Arturo Pérez-Reverte, publicado el 13 de enero de 2026, en el cual el autor formula una crítica irónica a la Real Academia Española (RAE) a partir de su lema histórico: «Limpia, fija y da esplendor», adoptado en 1715. Dicho lema sintetiza la misión normativa de la RAE, cuya función principal es “velar para que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”.

Más allá del ámbito lingüístico, ese lema encierra tres funciones institucionales universales, perfectamente aplicables a cualquier órgano público: depurar lo incorrecto, establecer reglas claras y estables, y producir resultados que dignifiquen y legitimen su razón de ser. Al reflexionar sobre cada uno de estos roles, resultó inevitable trasladar ese esquema al Sistema Dominicano de Seguridad Social, particularmente al sistema previsional y a las instituciones que lo integran, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP).

Lamentablemente, al hacerlo, la conclusión es clara: la Seguridad Social dominicana ni limpia, ni fija, ni da esplendor.

Ni limpia.

“Limpiar”, en el sentido institucional, implica eliminar prácticas, normas o interpretaciones incorrectas, ilegales o contrarias a la Constitución y a la ley. En materia de Seguridad Social, esto supondría depurar el orden normativo cuando ha sido expresamente cuestionado o anulado por las Altas Cortes, en especial por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Administrativo.

Sin embargo, la práctica ha sido otra. Normativas declaradas contrarias a derechos fundamentales suelen ser corregidas únicamente respecto de las personas afiliadas que interpusieron acciones judiciales, manteniéndose vigentes para el resto de la población. En contraste, cuando una decisión judicial favorece a las empresas financieras insertadas en el sistema, las autoridades actúan con celeridad para modificar las normas y extender su aplicación de forma general.

Esta conducta revela una grave distorsión del rol estatal. El mandato constitucional de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, especialmente en lo relativo a los derechos fundamentales” parece haber sido sustituido por una lógica administrativa orientada a “ahorrar gastos al Estado”, aun cuando ello implique negar o restringir derechos. Así, el sistema no limpia el orden jurídico; lo aplica de manera selectiva y funcional a intereses específicos.

Ni fija.

“Fijar” supone establecer reglas claras, estables y previsibles, que otorguen seguridad jurídica y confianza a las personas. En la Seguridad Social Dominicana, ocurre exactamente lo contrario. Como ha señalado reiteradamente el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), los grandes ausentes del sistema son las propias personas afiliadas, quienes delegaron —de manera confiada e ilusoria— la defensa de sus derechos en autoridades que no han honrado esa responsabilidad.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, instituido por la Ley 87-01 y desarrollado mediante múltiples resoluciones y reglamentos, se ha configurado como un sistema estructuralmente desequilibrado, diseñado para garantizar la rentabilidad de las empresas financieras que operan en su interior. La estabilidad normativa no ha estado al servicio de los derechos, sino de la maximización de ganancias, incluso cuando ello implica sacrificar principios de equidad, solidaridad y dignidad humana.

Bajo una lógica implícita de “el fin justifica los medios”, se han promovido normas y decisiones administrativas que legalizan y blindan intereses privados, mientras se tolera el atropello sistemático de los derechos de las personas afiliadas. En este contexto, el sistema no fija reglas justas ni estables para la ciudadanía; fija, más bien, un marco de protección para los negocios financieros.

Ni da esplendor.

“Dar esplendor” significa enriquecer, dignificar y prestigiar la institución y aquello que regula. La Seguridad Social fue presentada al país como la gran respuesta a demandas históricas en salud, pensiones y riesgos laborales. No obstante, al aproximarse a los 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, el balance resulta desolador.

El principal logro exhibido es el aumento en el número de personas afiliadas, un dato que, en la práctica, beneficia sobre todo a quienes reciben pagos per cápita por afiliación o quienes obtienen sus ganancias en base al monto del Fondo Personal de las personas afiliadas. Para la población afiliada, los problemas estructurales persisten: coberturas limitadas, copagos normalizados, servicios insuficientes y pensiones futuras claramente incapaces de garantizar una vida digna.

En materia previsional, las estimaciones técnicas indican que, bajo el modelo de capitalización individual, solo una minoría de afiliados alcanzará efectivamente el derecho a una pensión (20%), y quienes lo logren recibirán montos que difícilmente superarán el 30% del salario cotizado. Un resultado que, lejos de dar esplendor al sistema, lo convierte en una dolorosa e irritante burla a la expectativa legítima de protección social.

Veinticinco años que, como los veinte de Gardel, “no han sido nada” para la población afiliada, aunque sí han representado el negocio más rentable y de menor riesgo para las empresas financieras del sistema, que han acumulado ganancias multimillonarias sin precedentes.

A pesar de este fracaso, las autoridades insisten en mantener y profundizar el mismo modelo, promoviendo reformas que retrasan prestaciones y aumentan aportes de empleadores y trabajadores, sin garantizar derechos adicionales. Se pretende proteger la sostenibilidad financiera del negocio, no la seguridad social de las personas.

La población afiliada no reclama privilegios. Reclama esplendor, entendido no como retórica institucional, sino como el resultado tangible de un sistema que garantice derechos, proteja la dignidad humana y cumpla su función social.

Ese es el esplendor que hoy le falta a la Seguridad Social Dominicana.

Y ese es el esplendor que las personas afiliadas exigen con razón: una Seguridad Social verdaderamente digna.