El alto precio de enfermarse en la República Dominicana

La Ley 87‑01 consolidó un modelo que convierte la salud en mercancía y sacrifica derechos para proteger ganancias privadas.

Por J. Luis Rojas
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En la República Dominicana, pocas situaciones resultan tan cercanas a una condena como enfermarse. La razón es clara: gracias a la poderosa capacidad de persuasión del sector privado, sus representantes lograron que el entonces presidente, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, promulgara la Ley 87‑01, que entró en vigor el 9 de mayo de 2001. Con ella nació el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), entregando a manos empresariales los regímenes de pensiones, salud y riesgos laborales. En términos históricos, uno de los regalos más costosos que la clase política dominicana ha concedido al empresariado ha sido precisamente cederle la seguridad social, permitiéndole multiplicar sus riquezas materiales a costa de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Para la mayoría de los dominicanos —especialmente quienes pertenecen a la clase media y a los sectores de menores ingresos— acceder a servicios de salud dignos se ha convertido en un privilegio cada vez más distante. En las clínicas y centros médicos, la frase “eso no le cubre” se ha transformado en la melodía cotidiana del personal que trabaja para las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), una expresión que sintetiza la impotencia de miles de familias frente a un sistema diseñado para negar, limitar y excluir.

Poner la salud pública en manos de empresarios rentistas ha sido un error histórico de proporciones graves: se entregó un derecho fundamental a un sector cuyo único dios es el dinero. Y ese desvío ético, tarde o temprano, tendrá un costo político y social que el pueblo dominicano sabrá cobrar a quienes, por acción u omisión, permitieron que la vida y la salud quedaran subordinadas al lucro.

Desde entonces, la experiencia cotidiana de millones de dominicanos confirma que la salud se ha transformado en un lujo que pocos pueden costear. Las familias de clase media viven atrapadas entre cuotas, copagos y coberturas insuficientes, mientras que los sectores más vulnerables enfrentan un sistema que los expulsa antes de atenderlos. La lógica empresarial que domina el SDSS ha convertido la enfermedad en una oportunidad de ganancia y la necesidad humana en un producto transable. En un país donde la vida debería ser el centro de toda política pública, la salud terminó subordinada a balances financieros y a la rentabilidad de un pequeño grupo que opera sin contrapesos reales.

Las consecuencias de este modelo no solo recaen sobre los pacientes: también han deteriorado la salud pública y precarizado al personal sanitario que sostiene el sistema. Médicos, enfermeras y técnicos trabajan bajo condiciones que combinan bajos salarios, sobrecarga laboral y presiones administrativas impuestas por las ARS, que priorizan la contención de costos por encima de la calidad del servicio. Mientras tanto, la infraestructura pública se debilita y los hospitales operan al límite, sin que exista una voluntad política real para emprender una reforma profunda que devuelva la salud a su naturaleza de derecho. La clase gobernante ha preferido administrar la crisis antes que enfrentar a los grupos económicos que se benefician del modelo, prolongando así un esquema que sacrifica vidas y agota a quienes tienen la responsabilidad de cuidarlas.

El informe “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Fundación Juan Bosch, Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa y MOPESEP, aporta datos que resultan tan contundentes como reveladores. Sus hallazgos confirman que el modelo impuesto por la Ley 87‑01 no solo ha transferido recursos públicos hacia manos privadas, sino que ha debilitado de manera sistemática la capacidad del Estado para garantizar servicios de salud oportunos, universales y de calidad.

Los autores del estudio sobre el Seguro Familiar de Salud, los investigadores y docentes universitarios Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, revelan cifras que desmontan cualquier narrativa de equilibrio o justicia en la distribución de los recursos del sistema. Entre 2010 y 2024, los prestadores privados recibieron RD$597,659 millones, equivalentes al 80.5% de todos los pagos realizados por el Seguro Familiar de Salud (SFS), mientras que los prestadores públicos apenas recibieron RD$144,856 millones, es decir, un 19.5%. Además, los investigadores advierten que las ARS privadas continúan representando un altísimo costo social, acumulando ganancias y gastos de funcionamiento que superan los RD$87,000 millones, recursos que no se traducen en mejor cobertura ni en servicios más humanos, sino en la consolidación de un modelo rentista profundamente desigual.

Estas cifras no son simples estadísticas: revelan la arquitectura política de un modelo que privilegia la acumulación privada por encima del bienestar colectivo. Mientras los prestadores privados absorben más del 80% de los recursos del SFS, la población vive las consecuencias en su cotidianidad: hospitales públicos desfinanciados, servicios saturados, medicamentos inaccesibles y un personal sanitario exhausto que trabaja en condiciones indignas. La desigualdad en la distribución del dinero se traduce en desigualdad en la atención, y esa brecha no es un accidente técnico, sino el resultado de decisiones políticas que han blindado los intereses de las ARS y de los grupos económicos que las sostienen.

Por eso, la urgencia de una reforma estructural, integral y participativa de la Ley 87‑01 no es un capricho ni una consigna: es una necesidad impostergable para devolverle al sistema su sentido original y para garantizar que la salud deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho. Solo una transformación profunda, construida con la participación de la ciudadanía, del personal sanitario y de las instituciones que integran la Coalición por una Seguridad Social Digna, podrá corregirse un modelo que hoy sacrifica vidas para proteger ganancias privadas.

En la presentación del estudio se advierte que el modelo vigente transforma a los ciudadanos en clientes y pagadores compulsivos, reduciendo sus derechos a simples mercancías accesibles solo mediante credenciales como el carnet o el “seguro”. Se niega el rol del Estado como garante social, pero se le mantiene como garante de transferencias de riqueza hacia intereses privados, mientras se induce un deterioro progresivo de los servicios públicos: se erosionan, se deslegitiman, se vuelven financieramente inviables y quedan relegados como un residuo destinado exclusivamente a la “población pobre”. Cuando el sistema colapsa o estalla en escándalos, se recurre a un chivo expiatorio para desviar la atención y evitar que la responsabilidad recaiga sobre los verdaderos beneficiarios de este esquema.

Tavárez y Bosch señalan que, a partir de la revisión y análisis de datos oficiales, resulta evidente el volcamiento masivo del financiamiento del SFS hacia los prestadores privados, lo que ha provocado un abandono crónico y un deterioro sistemático de los servicios públicos de salud, incluso dentro del Régimen Subsidiado. Esta desviación de recursos ha consolidado un modelo que privilegia la rentabilidad privada por encima del fortalecimiento de la red pública, debilitando la capacidad del Estado para garantizar servicios oportunos, dignos y universales.

Asimismo, los investigadores advierten que una proporción significativa de servidores públicos continúa afiliada a ARS privadas. El hecho de que el 31.5% de los empleados estatales permanezca en estas aseguradoras, en lugar de estar en SENASA, constituye una violación directa tanto a la Ley 87‑01 como a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0275/18, emitida en 2018, que ratifica lo establecido en el artículo 31 de dicha ley: todos los trabajadores del sector público deben estar afiliados al Seguro Nacional de Salud (SENASA) dentro del Régimen Contributivo. Esta irregularidad evidencia la persistencia de intereses privados que continúan capturando funciones esenciales del sistema de salud.

En el análisis de los datos realizado por Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro se revela con nitidez la economía política que sostiene el mercado de los servicios de salud en la República Dominicana. Este modelo solo es posible gracias a la cotización compulsiva de trabajadores y empleadores formales, sumada a los aportes de toda la sociedad a través del Estado. A partir de esta estructura de financiamiento, los autores identifican con claridad quiénes resultan ganadores y quiénes quedan relegados en esta privatización de hecho, así como la manera en que este mercado opera más allá de las formalidades establecidas por la Ley 87‑01.

Al cierre del estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, sus autores reafirman que el diseño actual del sistema reproduce una asimetría radical de poder. Las ARS y los grandes prestadores privados controlan la información, los contratos y los flujos financieros, mientras el afiliado queda atrapado en un mercado opaco, con reglas cambiantes y con altos costos de transacción para hacer valer derechos que, en teoría, deberían ser garantizados. En este contexto, la restricción de coberturas no constituye un problema técnico ni un fallo administrativo: es una condición estructural necesaria para sostener la rentabilidad de la intermediación privada bajo el esquema de capitación que rige el modelo.

Esta asimetría no es un accidente ni una falla de diseño: es la expresión más clara de la captura regulatoria que ha caracterizado al Sistema Dominicano de Seguridad Social desde su origen. Las ARS y los grandes prestadores privados no solo administran recursos públicos, sino que influyen en las reglas del juego, condicionan las decisiones del Estado y moldean las políticas que deberían regularlos. En este escenario, el ciudadano queda relegado a la posición más débil, obligado a navegar un sistema que responde más a los intereses de quienes lucran con la enfermedad que a las necesidades de quienes requieren atención.

Esta estructura de poder, sostenida por décadas de complacencia política, revela que la salud en la República Dominicana no ha sido tratada como un derecho, sino como un territorio cedido a actores privados con capacidad de veto. Reconocer esta realidad es indispensable para avanzar hacia un cierre crítico que convoque a la reflexión y abra paso a una transformación profunda del modelo

Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro concluyen su estudio planteando cinco elementos esenciales para comprender la profundidad del problema: la convergencia de intereses entre las ARS y la industria privada de servicios de salud; el trasvase de fondos públicos como una forma de privatización encubierta; el conflicto legal que esto genera y la consecuente erosión del Estado Social y Democrático de Derecho; la configuración del Seguro Familiar de Salud como un mercado político; y, finalmente, la necesidad impostergable de una reforma integral que recoloque la salud en el ámbito de los derechos y no de los negocios.

Los hallazgos de este estudio no permiten evasivas ni dilaciones. El Gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Social y, de manera muy particular, los miembros de la Comisión Bicameral encargada de estudiar la reforma a la Ley 87‑01, deben asumir con responsabilidad histórica la magnitud del problema que tienen entre manos. La evidencia presentada por Tavárez y Bosch demuestra que el sistema ha sido capturado por intereses privados que han drenado recursos públicos, debilitado la red estatal y sometido a la ciudadanía a un modelo opaco, desigual y profundamente injusto.

Seguir postergando la reforma solo prolonga la crisis y profundiza las brechas de inequidad que afectan a millones de dominicanos. La Comisión Bicameral no puede limitarse a administrar el conflicto ni a reproducir la complacencia política que ha permitido que este modelo se consolide. Le corresponde actuar con valentía, romper con la inercia y encaminar una transformación estructural, integral y participativa que devuelva a la salud su carácter de derecho y no de mercancía. El país no necesita más diagnósticos: necesita decisiones firmes y un compromiso real con el bienestar colectivo.

Como advierte Matías Bosch, “estas políticas no son de seguridad social: no protegen derechos, están capturadas y sirven para generar ganancias privadas, y son la causa directa del deterioro de la red pública. Todo lo demás son chivos expiatorios”. Su afirmación sintetiza con precisión la naturaleza del modelo vigente y desmonta cualquier intento de justificarlo como un sistema orientado al bienestar colectivo. Ante una evidencia tan contundente, las autoridades están obligadas a actuar con valentía y responsabilidad histórica. El país no necesita más diagnósticos ni discursos complacientes: necesita decisiones firmes que encaminen una reforma estructural, integral y participativa que devuelva a la salud su condición de derecho y restituya la dignidad que el sistema le ha negado a la ciudadanía.