Las ricas abortan, las pobres mueren

Por Dra. Andri Matos.-

La tasa de mortalidad maternal infantil en nuestro país es de 101.8 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, una cifra alarmantemente alta, comparada con otros países con situaciones socioeconómicas similares a las nuestras.

La Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estableció que el 20% de las muertes materno infantiles son atribuibles a abortos inducidos. Una cifra que queda corta, debido a que la mayoría de los abortos inducidos se realizan en la clandestinidad.

En otras palabras, 2 de cada 10 mujeres que fallecen por razones relacionadas con el embarazo y el puerperio, mueren como resultado generalmente de abortos realizados en condiciones insalubres, por lo que son prevenibles por demás. Esto convierte al aborto inducido en una problemática de Salud Pública, requiriendo una respuesta de política de Estado.

República Dominicana tiene el “honor” de ser uno de apenas 7 países en el mundo en donde el aborto está criminalizado, con penas de 2 a 3 años para las mujeres que tienen que recurrir a este procedimiento y de 4 a 10 años para los profesionales de la salud que ayudasen a alguna mujer en la realización de este procedimiento.

Los defensores del aborto son conocidos también como “pro-opción” lo que considerando la realidad de las mujeres que recurren al aborto, en realidad apoyan una salida que, en vez de ser una opción, es más una respuesta a cuando ya no hay otra opción.

El aborto clandestino va mano a mano con la pobreza, y por lo tanto es una forma más de ahondar la inequidad de salud basada en clases socioeconómicas. Son las niñas pobres las que no tienen acceso a educación sexual en las escuelas, las que no tienen acceso a medicamentos anticonceptivos, las que una vez embarazadas no pueden tener cuidado prenatal adecuado.

La pobreza es la que no permite que una mujer tenga la dieta apropiada para que cuando su cuerpo esté formando una vida, no se produzca una malformación congénita. Y por último, son las mujeres pobres las que, enfrentándose a una situación de incesto, violación o alguna condición médica que implique que la continuación del embarazo pone en peligro su vida, tienen que recurrir a los “bebedizos”, las prescripciones clandestinas, el “remedio” de la vecina, provocando esto en muchas ocasiones la muerte.

Las ricas por otro lado, tienen la oportunidad de las visitas a clínicas privadas con amigos de la familia que pueden “resolver eso”, pueden incluso viajar, a alguno de los países en donde se considera el derecho a un embarazo seguro, un derecho inalienable de la mujer, y en medio de las vacaciones de verano realizarse el procedimiento con todas las de la ley sin poner en peligro su vida.

La penalización del aborto no resuelve el problema de tener relaciones sexuales a destiempo, no impide que una mujer sea víctima de una violación, no previene el incesto. Solo provoca que mujeres de bajos recursos socioeconómicos mueran cuando sienten que no les queda ninguna otra opción.

Es primordial que llevemos este mensaje al pueblo dominicano y a nuestros legisladores para que apoyen la modificación del Código Penal, despenalizando el aborto inducido en tres causales: en caso de violación, incesto o cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre.

La sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos de la mujer, sociedades profesionales y todos los que entendemos cómo esta legislación impone una carga adicional a la mujer pobre, estamos moralmente obligados a multiplicar este mensaje, basado en informaciones científicas y, juntos a la población, crear conciencia en los legisladores llamados a proteger los mejores intereses de las mayorías y no los intereses de ciertos grupos de poder.

*La autora es Médico Salubrista.