ACUSADO DE ESPIONAJE

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-

La noche del miércoles 31 de julio de 1974, varios militares a bordo de dos vehículos oficiales transportaron al doctor Francisco Buenaventura Cabral Calcagno hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas. El objetivo era sacar del país al entonces ayudante civil del presidente Joaquín Balaguer, luego de que permaneciera cuatro días cautivo por las Fuerzas Armadas en su recinto de la avenida 27 de Febrero esquina avenida Luperón, acusado de espiar telefónicamente a altos oficiales castrenses.

Los uniformados arribaron a la terminal aérea alrededor de las siete de la noche y, de manera discreta, condujeron al funcionario hasta la rampa aeroportuaria -pasando por los hangares de la Compañía Dominicana de Aviación (CDA)-. Allí permanecieron durante quince minutos para permitirle despedirse de sus padres y reunirse con su esposa, Amarilis Guerra, con quien abordaría el vuelo 976 de Iberia con destino a Madrid.

La imputación de espionaje no encajaba con la formación académica de este odontólogo, propietario de un consultorio en el Centro Médico Pasteur del sector de Gascue. Su trayectoria política se limitaba a su labor como dirigente del Partido Quisqueyano Demócrata (PQD) desde su fundación en 1967 hasta finales de 1969.

Resultaba difícil creer que se dedicara a una actividad transgresora de la intimidad personal; sin embargo, formaba parte de la burocracia oficial -nombrado mediante el decreto No. 116-70-. Desde su despacho palaciego, analizaba diariamente las novedades informativas, especialmente aquellas suministradas por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

Con su designación, se había restablecido el servicio de seguridad en el Palacio Nacional, creado originalmente por el exjefe de la Policía, general Luis Ney Tejeda Álvarez. Dicho servicio había sido suprimido a principios de 1969 debido a las fricciones que causaba su intromisión en los organismos de inteligencia militar, lo que en su momento provocó la salida de Tejeda Álvarez como embajador en Nicaragua.

Tras años de labor, la armonía entre el doctor Frank Cabral y los jefes militares se quebró. La crisis culminó con el allanamiento de su morada la mañana del domingo 28 de julio de 1974, bajo la autorización del doctor Aridio Reyes, ayudante del procurador fiscal, y la presencia de un contingente de unos 60 soldados.

Según la versión ofrecida a la prensa por el secretario de las Fuerzas Armadas, contralmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, en la residencia -ubicada en la calle Gaspar Polanco del sector Mirador Sur- se incautaron equipos de interceptación telefónica, tales como grabadoras y cintas magnetofónicas. Asimismo, se reportó el hallazgo de armas automáticas, cargadores, municiones y otros pertrechos militares. Finalmente, Cabral fue encarcelado junto a su asistente, el excabo Federico Pascal, y obligado al exilio en la capital española.

Nuevo incidente

Frank Cabral llegó a Madrid la mañana del jueves 1 de agosto de 1974. Sin embargo, su estadía sería breve debido a su determinación de radicarse en un lugar cercano y con fácil comunicación con su país, como Miami, Florida. Allí planeaba vivir con los ingresos mensuales que percibía como ayudante civil del presidente Balaguer.

En esa ciudad permaneció junto a su familia algo más de dos años, disfrutando de un «exilio dorado» sin apuros económicos ni sobresaltos. Ese sosiego se alteró en 1977, cuando se arriesgó a regresar a Santo Domingo de forma inesperada, esquivando el impedimento de entrada que pesaba en su contra y reavivando la ira de sus oponentes militares.

Fue detenido el lunes 24 de enero y permaneció recluido en un departamento del ensanche Serrallés, al noroeste de la ciudad. Durante cinco días fue investigado por su supuesta relación con un tráfico de dólares liderado por un Dominican York, quien había logrado evadir a los servicios de inteligencia estadounidenses y era buscado tenazmente en el país.

Se le vinculaba con Demetrio Antonio Torres Lluberes (Tony) y con un diplomático dominicano acreditado en los Estados Unidos; ambos eran sospechosos de introducir billetes estadounidenses a territorio dominicano. Debido a esto, el jefe de Estado emitió el decreto 2723/77 el 2 de febrero para cancelar su nombramiento, facilitando así las indagatorias de una comisión militar presidida por el general Rafael Adriano Valdez Hilario, interesada en descubrir cómo Cabral había reingresado al país.

Dicha comisión no encontró indicios de culpabilidad ni asidero legal para enjuiciarlo. Tras recobrar su libertad, Cabral afirmó haber sido víctima de los mismos sectores que intentaron perjudicarlo en 1974 acusándolo de espionaje y porte ilegal de armas, pese a que el equipo ocupado en su residencia pertenecía a los militares de su propia escolta.

Aunque salió airoso, no se reintegró de inmediato a la administración pública. El 15 de febrero de 1977, publicó un espacio pagado en la prensa nacional para informar a sus pacientes sobre la reapertura de su consultorio en el Centro Médico Pasteur. Fue en noviembre de ese año, tras nueve meses fuera del Gobierno, cuando el doctor Balaguer lo reincorporó como Secretario de Estado sin Cartera, ejerciendo sus funciones de ayudante presidencial desde una oficina en el Palacio Nacional.

Sin embargo, a raíz de la crisis electoral del 16 de mayo de 1978, fue «sacado de circulación». Le retiraron la escolta y su residencia fue allanada nuevamente tras ser vinculado al servicio de inteligencia que operaba a favor del jefe de la Policía, el mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, y de quienes intentaron boicotear el triunfo de Silvestre Antonio Guzmán Fernández y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Fue arrestado una vez más y trasladado al aeropuerto la noche del 15 de junio, en pleno período de transición presidencial. En ese momento, contó con la protección de personalidades como el humorista Freddy Beras Goico y los periodistas Rafael Herrera Cabral, Héctor Virgilio Alcántara Mejía y Aníbal de Jesús de Castro Rodríguez, quienes lo acompañaron hasta su partida hacia Caracas, Venezuela, en un vuelo de la aerolínea VIASA.

Aunque Nivar Seijas afirmó que Cabral salía por «diligencias personales», en realidad fue deportado. Solo regresaría tras el anuncio del viernes 22 de diciembre de 1978 hecho por el nuevo procurador general, Caonabo Fernández Naranjo, quien garantizó la aplicación de la ley de amnistía para exiliados y presos políticos promulgada por el presidente Guzmán.

Al día siguiente, retornó al país tras seis meses de exilio. El martes 26, contactó a la prensa para agradecer el “hermoso y humanitario gesto del presidente Antonio Guzmán para con todos los exiliados que reingresan al país” y afirmó que “estamos comprometidos todos los dominicanos de buena voluntad a garantizar este ensayo democrático que tantos sacrificios costó a tantos conciudadanos, por tantos años”.

Sin embargo, el 10 de marzo de 1980, su nombre surgió en una supuesta trama para desestabilizar al gobierno perredeísta; a pesar de que allanaron dos de sus residencias, las autoridades no encontraron armas ni teléfonos y declararon que no tenía cuentas pendientes con la justicia.

Seguimiento a políticos

Durante su desempeño como funcionario público, el doctor Frank Cabral recibió críticas directas de la oposición en octubre de 1973, cuando el exsíndico del Distrito Nacional, Jorge Guarionex Lluberes Montás, atribuyó a su despacho el espionaje telefónico en la residencia de Luis Emilio Amiama Tió, una figura clave en la conspiración que culminó el 30 de mayo de 1961 con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo.

El entonces vicepresidente del Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista (MIDA) denunció que se vigilaba al líder antitrujillista por sospechas de conspiración contra el presidente Joaquín Balaguer. Este asedio respondía a la oposición de Amiama Tió a la continuidad del mandatario y a su rol protagónico en el Bloque de la Dignidad Nacional, creado en 1972 por Juan Bosch para exigir el respeto a la legalidad y la instauración de un verdadero Estado de derecho.

Según Lluberes Montás, se había montado un operativo de vigilancia integral sobre diversas personalidades políticas. Como prueba, mencionó una grabación que recibió de una conversación suya con Amiama Tió, hecho que, a su juicio, evidenciaba la fragilidad institucional del país frente a casos internacionales como el escándalo Watergate, que provocó la caída de Richard Nixon en Estados Unidos.

El exalcalde también señaló que se recomendaba a terceros evitar visitas a dirigentes opositores vigilados, como el secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, y el financista Jacobo Majluta Azar. Este último denunciaría posteriormente ser víctima de espionaje telefónico, aunque atribuyó la autoría al ciudadano cubano Juan Pujols, presunto agente de la CIA.

La intervención a la residencia de Majluta (ubicada en la calle Abelardo Rodríguez Urdaneta, Gascue) fue descubierta en junio de 1974 por un técnico de la Compañía Dominicana de Teléfonos (CDT). Mientras revisaba la línea de forma rutinaria, el técnico notó una extensión conectada al número 682-7791 que conducía al techo de un edificio cercano. El dirigente político denunció que en dicho inmueble residía el agente cubano, quien supuestamente había sido traído desde Miami por sectores gubernamentales.

Tras la revelación, el 15 de julio, el vicepresidente administrador de la CDT, William Henry Heflin, admitió mediante un comunicado la interferencia ilegal del teléfono y ofreció colaborar con la Policía en la investigación.

Por otro lado, desde su despacho en el Palacio de Gobierno, Frank Cabral emitió declaraciones el 13 de mayo y el 25 de junio de 1974 para rebatir la línea abstencionista del Acuerdo de Santiago. Calificó de «irresponsabilidad histórica» las movilizaciones promovidas por Peña Gómez tras las elecciones, en las que se cuestionaba la legalidad de la juramentación presidencial del 16 de agosto.

Para Cabral, esta postura podía derivar en una crisis de magnitud impredecible. Sostenía que el jefe de Estado era el «fiel de la balanza» que mantenía el equilibrio frente a fuerzas antidemocráticas. Sentenció que «quienes ahora pintan al doctor Balaguer como el peor gobernante, llegará la hora en que lo llorarán como el más magnánimo».

Tras estos eventos, Cabral se retiró de la gestión pública para concentrarse en su profesión, manteniendo un bajo perfil mientras dirigía una empresa de seguridad. Su nombre volvió a la palestra el 18 de mayo de 2004 cuando, junto al futuro procurador general de la República, doctor Abel Rodríguez del Orbe, ingresó al Palacio Nacional como comisionado del presidente electo Leonel Fernández para coordinar la transición con el mandatario saliente, Hipólito Mejía.

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