El MAP: misión grandilocuente, gestión mínima

La distancia entre lo que proclama la institución y lo que viven servidores y ciudadanos.

POR J. LUIS ROJAS
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Desde hace varios años, en la sociedad dominicana muchas cosas marchan manga por hombro. Una de ellas, sin duda, es la distorsión salarial en las agencias públicas, entidades y organismos especializados centralizados, descentralizados y autónomos. Dicho de otra manera, el Ministerio de Administración Pública (MAP) no ha dado pie con bola respecto a su misión, visión, objetivos y funciones.

Según establecen los documentos oficiales, el MAP es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública (41-08), del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional.

Incongruencia entre el concepto y la práctica

Entre sus funciones primordiales —las cuales, en la práctica, se cumplen de manera tímida— figuran:

• Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos.

• Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento institucional, proponiendo reformas de las estructuras orgánica y funcional.

• Propiciar y garantizar la efectividad, calidad y eficiencia de la función pública, implantando modelos de gestión de calidad y promoviendo la evaluación del desempeño institucional.

Las funciones que el MAP declara en su documentación oficial lucen muy bien en el papel, pero distan de su desempeño cotidiano. Para muestra, basta comparar su misión institucional con las declaraciones públicas incongruentes y las decisiones irracionales protagonizadas por su ministro, Sigmund Freund: “Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la transformación, digitalización y profesionalización de la Administración Pública…”. La forma y el contenido de esta misión se asemejan más a la verborrea que a una guía estratégica real.

La gerencia moderna sostiene que la misión, la visión y los objetivos constituyen componentes estratégicos que orientan el ser y el hacer de cualquier organización. Sin embargo, estos postulados parecen no tener cabida en el quehacer ordinario del MAP. Su visión, por ejemplo, roza la poesía: “Ser un referente nacional e internacional por la articulación de un modelo de Administración Pública centrada en el bienestar de las personas…”. Una declaración hermosa, sin duda, pero distante de la realidad.

¿Habrá imaginado Sigmund Freud que las pensiones que reciben los servidores públicos dominicanos terminarían diluyéndose entre promesas demagógicas y realidades de precariedad? La brecha entre el discurso institucional y las condiciones materiales de quienes sostienen el aparato público revela que la visión del MAP, más que un horizonte estratégico, parece un ejercicio retórico sin impacto en la vida cotidiana de los trabajadores.

Brechas entre el ser, el parecer y el hacer

Del dicho al hecho hay mucho trecho. La falta de sinergia entre los siete objetivos misionales del MAP y sus acciones reales es evidente:

• El objetivo dos plantea prohibir el soborno y promover una cultura de integridad. Si esto se cumpliera, no habría tantos servidores públicos —especialmente de alta jerarquía— defendiéndose en los tribunales por incurrir en malas prácticas y en corrupción.

• El objetivo tres habla de gestionar procesos institucionales con pensamiento basado en riesgos y cumplimiento normativo. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario.

• El objetivo cuatro promete canales efectivos y confidenciales para denuncias de buena fe. Pero los incumbentes del MAP interactúan poco con los ciudadanos y menos aún con servidores públicos de menor jerarquía. Permanecen cómodos en su zona de confort.

• Aunque el objetivo cinco del MAP plantea aplicar un régimen de consecuencias ante casos de soborno, resulta inevitable cuestionar su efectividad cuando escándalos como el desfalco en SeNaSa ocurrieron sin una supervisión visible, y cuando diez senadores fungieron como proveedores del Estado en violación de la Ley 47-25. Estas situaciones evidencian una brecha entre el discurso institucional y la práctica real, y obligan a preguntarse cuál es la responsabilidad del Ministerio de Administración Pública en garantizar la ética, el cumplimiento normativo y la integridad dentro del aparato estatal.

Las distorsiones salariales en el sector público

El ministro Sigmund Freund y su equipo han sido incapaces de diseñar y aplicar mecanismos efectivos para corregir las distorsiones salariales que proliferan en la Administración Pública. Es inconcebible que el órgano rector del empleo público carezca de una política que homogenice los salarios de ministros, viceministros, directores y subdirectores generales, así como los de otros incumbentes de organismos especializados. En este archipiélago salarial, ¿dónde quedan la misión, los objetivos y las funciones del MAP?

La brecha salarial en el sector público dominicano es profunda y estructural. Mientras el gobernador del Banco Central percibe más de RD$1.9 millones mensuales, y los superintendentes entre RD$800,000 y RD$1.1 millones, el salario mínimo público permanece en RD$10,000. Esto significa que algunos altos cargos ganan entre 80 y 190 veces más que un empleado en el nivel más bajo.

Esta disparidad no solo responde a diferencias funcionales o técnicas, sino también a regímenes privilegiados amparados por la Ley 105-13. Desde la perspectiva de equidad, esta distancia limita la movilidad social, reduce las pensiones calculadas bajo la Ley 379-81 y afecta la moral institucional. En un país donde el costo de vida supera ampliamente los RD$10,000, esta brecha es un indicador crítico de desigualdad estatal.

En la práctica, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) no guardan correspondencia con su misión, visión ni con los objetivos estratégicos que le han sido asignados. En otras palabras, el ministro Sigmund Freund no está concentrando su gestión en las responsabilidades esenciales de la institución.

Si el MAP estuviera cumpliendo con las funciones que le corresponden, la prestación de los servicios públicos sería más oportuna, eficiente y de mayor calidad. La ciudadanía percibiría avances concretos en la profesionalización del Estado, la mejora de los procesos administrativos y la consolidación de una gestión pública orientada a resultados.

Más perdido que el hijo de Lindbergh

La política institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP) plantea como propósito mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la transformación, digitalización y profesionalización de la Administración Pública. Sin embargo, esta aspiración dista de la realidad que enfrentan los usuarios en numerosas agencias estatales.

En muchos de estos espacios persisten prácticas caracterizadas por la burocracia excesiva, la apatía y una marcada falta de vocación de servicio. Estas deficiencias no solo contradicen los lineamientos estratégicos del MAP, sino que también limitan la capacidad del Estado para ofrecer servicios oportunos, eficientes y centrados en las necesidades de la población.

El Estado dominicano no opera como un sistema abierto. Los subsistemas que lo integran carecen de sinergia e interconexión, lo que obliga a los ciudadanos a realizar esfuerzos innecesarios para obtener documentos oficiales. Esta situación evidencia una burocracia improductiva y la presencia de servidores públicos que, en muchos casos, accedieron a la Administración Pública por su militancia y activismo político, más que por méritos profesionales.

La modernización y digitalización del aparato gubernamental, reiteradamente promovidas en las declaraciones públicas del ministro, aún no se reflejan de manera tangible en los servicios que recibe la población. La brecha entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de los usuarios evidencia la necesidad urgente de transformar la gestión pública para garantizar eficiencia, transparencia y una auténtica orientación al ciudadano.

Los obstáculos que caracterizan los procesos de permisología —trámites, licencias, registros y autorizaciones necesarios para concretar proyectos de inversión, abrir un negocio o ejecutar una obra, entre otras iniciativas— constituyen indicadores claros de la ineficiencia que persiste en la Administración Pública dominicana. Superar estas barreras es indispensable para fortalecer la competitividad del país, mejorar la confianza en las instituciones y asegurar que la ciudadanía perciba de manera real los beneficios de la modernización estatal.

Resulta paradójico que el ministro no pueda indicar con precisión cuántos servidores públicos figuran en la nómina estatal. Si cumpliera sus funciones, existiría un clima laboral más próspero para los trabajadores del sector público. ¿Sabrá el ministro que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones calcula las pensiones tomando como referencia el salario mínimo público (RD$10,000) en lugar del salario mínimo nacional (RD$23,223)?

La urgencia de indexar las pensiones

En un contexto económico marcado por la volatilidad y el incremento sostenido del costo de la vida, es impostergable que el MAP impulse un mecanismo legal que obligue a todas las instituciones del Estado a aplicar la indexación salarial por inflación a las pírricas pensiones que reciben los servidores públicos jubilados. No es solo una medida técnica: es un acto de justicia social.

Garantizar que quienes dedicaron décadas de servicio no vean erosionado su poder adquisitivo es una responsabilidad ineludible del Estado. El MAP debe liderar esta transformación normativa. Es indigno que las pensiones permanezcan estáticas mientras el costo de la vida se mueve y sube como las olas del mar.

Ojalá que el poder divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ilumine al ministro de la Administración Pública, señor Sigmund Freund, así como a todo su equipo de trabajo, para que actúen en plena coherencia con la misión, visión, valores, objetivos, funciones y la política de calidad que conforman el marco estratégico del Ministerio de Administración Pública (MAP).

La conducción institucional del MAP exige un compromiso real con estos principios rectores, pues solo a través de su aplicación rigurosa es posible garantizar una gestión pública moderna, eficiente y orientada al ciudadano. La alineación entre la acción gubernamental y el marco estratégico no es únicamente un requisito administrativo: es la base para fortalecer la confianza pública, elevar los estándares de servicio y consolidar una administración estatal que responda de manera efectiva a las necesidades y expectativas de la población.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).