La Constitución de 1844 y la herencia de nuestra intolerancia social

POR DR. NICANOR RODRIGUEZ TEJADA.-

El pecado original nacido al amparo del artículo 210 y el autoritarismo fundacional representa el ciclo inicial en el que la nación produjo su matriz constitutiva: el punto exacto donde se incubaron los genes que han condicionado nuestro comportamiento colectivo. Cuando la República Dominicana proclamó su primera Carta Sustantiva en noviembre de 1844, la inspiración liberal de los trinitarios chocó brutalmente con la realidad de las armas y el caudillismo. La imposición de la estirpe claudicadora de la libertad, oprimida y reprimida por el artículo 210, alteró radicalmente nuestra esencia de inspiración fundacional.

Este proceso no fue una simple disposición transitoria, ni mucho menos el acontecimiento que consagró el acta de nacimiento de un auténtico pacto democrático. Desde el momento en que, bajo la mayor presión política, el general Pedro Santana impuso la aprobación de facultades discrecionales y dictatoriales bajo el pretexto de la «seguridad nacional», se institucionalizó una premisa funesta que aún hoy incide en nuestra vida republicana: la ley escrita cede ante la voluntad del hombre fuerte y el poder se ejerce por la imposición y no por el consenso. Desde ahí nació el primer atropello a los principios democráticos que han marcado la retórica evolutiva del país. Nuestro constitucionalismo no ha podido consolidar un verdadero estado de derecho; por el contrario, parece que es ahora cuando echamos raíces que solidifican paulatinamente nuestra marginalidad institucional.

En este péndulo constitucional, atravesado por la inercia y la ineficacia de casi cuarenta modificaciones a nuestra Carta Magna, la historia dominicana ha oscilado violentamente entre textos de avanzada liberal y retrocesos conservadores. Desde los destellos progresistas de la Constitución de 1963, el intento más genuino de subordinar el poder a la dignidad humana y los derechos sociales, cuyo derrocamiento evidenció la intolerancia de las élites ante la verdadera igualdad, hasta el orden tutelado que caracterizó el período de 1966 a 1994.

Este prolongado proceso en la negación de libertades y derechos no encontró un punto de inflexión sino hasta el desborde de la crisis de 1994, cuyo escenario estuvo matizado por acuerdos políticos tras la denuncia de fraude, abriendo las puertas a una modernización del catálogo de derechos que se amplió significativamente con la Constitución de 2010. Sin embargo, el denominador común de este periplo institucional es que los textos cambiaban formalmente en el papel, mientras que la estructura centralizada y patrimonialista del poder permanecía intacta, reproduciendo bajo ropajes democráticos el viejo espíritu discrecional del siglo XIX.

Este diseño histórico ha permitido que la psicología del trauma y la inducción sistemática de la dictadura, transitada desde los caudillos fundacionales hasta los treinta y un años de tiranía trujillista, moldeen una política conservadora y restrictiva. ¿Cuál es la consecuencia directa de este condicionamiento histórico en la psiquis colectiva? Una alteración de la tolerancia social llevada a etapa crónica. El ciudadano, acostumbrado al verticalismo del poder, replica en su cotidianidad el autoritarismo que padece arriba.

La alta conflictividad en la convivencia diaria, la violencia intrafamiliar, la intolerancia en el debate político, la incapacidad de procesar el disenso de manera civilizada y el desprecio por la norma no son casualidades sociológicas; son los síntomas palpables de un trauma histórico no resuelto. Cuando el Estado pisotea sistemáticamente los principios constitucionales mediante el abuso administrativo o el formalismo judicial, el tejido social se desgasta y adopta la ley del más fuerte, un reflejo nítido de realidades recientes, como la citación y conducencia dispuesta contra una fiscal por negarse a ejecutar una decisión judicial sin el debido sustento legal, es una premisa apreciable del tiempo a este proceso histórico.

En ese mismo recorrido, el clientelismo moderno y el autoritarismo de la dependencia no han hecho más que perpetuar el efecto psíquico impuesto por el artículo 210. Si aquel representó el autoritarismo de la espada, la democracia contemporánea sea mutado hacia el autoritarismo de la dependencia y la cooptación clientelar. En un Estado donde los servicios básicos, los empleos públicos y las ayudas sociales se administran como favores personales y no como derechos fundamentales exigibles, la ciudadanía se degrada a la categoría de clientela electoral. Este sistema destruye los contrapesos democráticos: convierte el Congreso en una agencia de gestión prebendaria; neutraliza la voz crítica de la sociedad civil y los gremios mediante la asignación discrecional de recursos; y sustituye el principio de mérito por el de la lealtad personalista, generando un ecosistema donde la ley se aplica con rigor para los de abajo y con flexibilidad de complicidad para los de arriba.

Lo anterior nos envuelve en una simbiosis perniciosa entre clientelismo, impunidad y debilidad judicial. Cuando el acceso a la carrera judicial, los ascensos en la magistratura y la designación en tribunales clave dependen del padrinazgo político y no del mérito técnico, el juez internaliza el costo de fallar en contra del poder, fomentando la autocensura. Se instituye así un pacto de impunidad recíproca, donde la justicia, reflejada a menudo en formalismos extremos o interpretaciones restrictivas, como el uso abusivo de la cosa juzgada y de tecnicismos procesales que corroen las más elementales herramientas para el acceso a la justicia y así se termina denegando derechos previsionales y laborales a los servidores públicos. En este caso el sistema deja de ser un escudo contra el abuso y pasa a ser un reflejo de las asimetrías del poder, sustentándose en la exclusión legal de derecho y en la huida del debido proceso, base teórica que coexisten desde aquella recopilación romana recogida y ordenada por el emperador Justiniano.

Para alcanzar una verdadera catarsis institucional, nuestra historia constitucional nos demuestra que hemos tenido excelentes textos en el papel, pero una pesada carga de prácticas autoritarias en la realidad. Sanar nuestra intolerancia social exige algo más que parches constitucionales: requiere un ejercicio profundo de higiene democrática, donde la Constitución deje de ser un instrumento de élites y se convierta en una herramienta viva de dignidad, respeto al debido proceso y convivencia pacífica para las soluciones e interpretación de cada caso aplicando la mejor interpretación de este instrumento considerado con jerarquía mayor o de absoluta climatización legal. Solo cuando el ciudadano sea tratado con verdadero respeto por las instituciones, el dominicano aprenderá a tolerar y respetar a su prójimo.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).