La delgada línea entre la libertad de expresión y el abuso del micrófono

Por Lic. Frederick Ferreras.-

La reciente escena en la que un comunicador se refirió al presidente de la Cámara de Diputados como «tiguere» durante una conferencia de prensa no es un hecho aislado; es, más bien, un síntoma preocupante de una realidad que observamos a diario. Resulta paradójico que quienes incurren en este tipo de faltas de respeto sean, en muchas ocasiones, los mismos que abogan con vehemencia por la aplicación estricta de la Ley 61-32 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento. Esta contradicción nos obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de la responsabilidad comunicacional en la República Dominicana.

El uso del micrófono, ya sea en un medio de comunicación tradicional, un auditorio o a través de las redes sociales, conlleva una responsabilidad ineludible. La comunicación no es solo un derecho; es un ejercicio que, para ser legítimo, debe estar cimentado en la ética, la integridad y, sobre todo, en el respeto innegociable hacia la dignidad humana y la moral de los demás.

Sin embargo, estamos atravesando una etapa en la que el alcance digital ha confundido la influencia con la licencia para el atropello. En nuestro país, basta con acumular una cantidad considerable de seguidores para que algunos se sientan con el derecho absoluto de manchar, deshonrar o destruir la reputación de personas, familias e instituciones. Bajo el manto de la «libertad de expresión», se ha normalizado el insulto y la difamación, olvidando que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro al buen nombre.

Es inminentemente necesario que la República Dominicana avance hacia una regulación más efectiva del ejercicio de la comunicación. No se trata de censura, sino de establecer límites claros que garanticen que la libertad de pensamiento no se convierta en un arma para la difamación impune. La libertad de expresión nunca ha sido, ni debe ser, una patente de corso para mancillar la honra ajena.

La sociedad dominicana merece un ecosistema comunicativo donde el debate sea posible sin la necesidad de recurrir al deshonor. La ética debe dejar de ser una opción personal para convertirse en un estándar exigible. Estos actos de irresponsabilidad pública no deben permanecer sin consecuencias; la construcción de una democracia sana depende, en gran medida, de nuestra capacidad para proteger la dignidad humana por encima de los intereses particulares o el afán de notoriedad.