Educar sin prevenir: La tragedia silenciosa de los feminicidios

Por Dr. Nicanor Rodríguez Tejada.-

El feminicidio en la República Dominicana no puede seguir analizándose únicamente a través del lente policial o judicial. Su persistencia es, en realidad, el resultado del fracaso preventivo de las instituciones responsables de modelar la conducta social: la familia, el Estado, el sistema de justicia y, de manera categórica, la escuela.

Existe una profunda huella estructural agravada por la ausencia de políticas públicas orientadas a la transformación del comportamiento violento y el control sobre la mujer. Históricamente, el Estado dominicano ha entendido la sanción represiva como la única vía de solución. Al hipertrofiar el aparato punitivo, se desvinculó la necesidad urgente de intervenir la conducta masculina desde la temprana edad. Hoy, las autoridades se enfrentan a un fenómeno que desborda los tribunales, desprovistas de una estrategia que procure una verdadera profilaxis social.

La paradoja de 1997: El choque entre la punición y la omisión escolar: Para comprender la raíz de este problema, es indispensable plantear una hipótesis histórica. En el año 1951 se promulgó la Ley núm. 2909, que reguló el sistema educativo nacional durante casi medio siglo. En 1997, esta legislación fue sustituida por la Ley General de Educación núm. 66-97. Aunque esta reforma pretendía modernizar la estructura del Estado para adaptarla a los nuevos tiempos, su respuesta ante el cambio social y preventivo fue el silencio.

La Ley 66-97 dejó como herencia al sistema escolar la misma estructura concebida en la era anterior: el departamento de Orientación y Psicología. Lo paradójico es que, ese mismo año, se promulgó la Ley núm. 24-97, que modificó el Código Penal para tipificar y sancionar la violencia intrafamiliar. Mientras el Estado creaba garras penales para castigar el delito en el hogar, el sistema educativo permanecía vulnerable, ignorando las alarmas estadísticas que ya anunciaban una crisis conductual en las nuevas generaciones.

La velocidad de las transformaciones sociales obligaba a entender que mantener el criterio tradicional de «orientación escolar» era insuficiente. Esta métrica no respondía a las necesidades de formación, modificación y control emocional y conductual requeridas en la primera infancia. La escuela debió transitar hacia un enfoque multidisciplinario, articulado con el trabajo social y la psicología clínica y comunitaria, capaz de ejercer una intervención temprana. Al no valorarse esta expectativa, el sistema procreó una orfandad pedagógica. La consecuencia directa de ese vacío hoy tiene nombre: feminicidio.

El aula del siglo XXI con herramientas del siglo XX: El sistema educativo dominicano no abandonó la formación, pero no comprendió la urgencia del componente preventivo humano. La Ley 66-97 fue eficiente para enseñar contenidos, profesionalizar carreras y expandir la cobertura de las aulas físicas (especialmente con la posterior asignación del 4% del PIB), pero falló en la transformación conductual. Se alfabetizó la mente, pero se dejó analfabeta la emoción. Temas transversales como la masculinidad hegemónica y agresiva, la resolución pacífica de conflictos, la tolerancia al rechazo y la salud mental preventiva quedaron fuera de la prioridad estatal.

Mientras la cultura machista ascendía tutelando el incremento de esta enfermedad social, las autoridades limitaron su respuesta al lamento institucional y a la declaratoria del fracaso. En esa dimensión, la escuela dominicana se diseñó para instruir, pero no para prevenir.

El escenario del feminicidio comienza mucho antes del crimen. El itinerario de la tragedia se conecta en un círculo vicioso: la familia normaliza el maltrato, la escuela omite la corrección de patrones emocionales, el Estado diseña una prevención periférica, la justicia actúa tarde y la sociedad termina romantizando las conductas tóxicas. Ningún feminicidio nace el día del crimen; se gesta durante años en el aprendizaje invisible de la impunidad y la incapacidad afectiva.

La radiografía estadística de una crisis permanente (1980-2026): Para dimensionar la inercia del fenómeno, es crucial trazar su cronología estadística y conceptual: Décadas de 1980 y 1990: El problema existía con fuerza, pero carecía de registros sistemáticos. El concepto «feminicidio» no formaba parte del léxico jurídico ni mediático; los crímenes eran invisibilizados bajo el eufemismo pasional de «crímenes de pasión». La violencia operaba en la clandestinidad estadística.

Período 2000-2005: El fenómeno se hace visible. La presión de los movimientos civiles y organismos internacionales como la CEPAL obligan a las instituciones a reaccionar. Es aquí donde se empieza a descubrir que las muertes de mujeres no eran hechos aislados, sino un problema estructural.

Período 2005-2012: Se desata la alarma nacional. Las cifras aumentan de forma sostenida y la República Dominicana pasa a ocupar los primeros lugares en las tasas de feminicidios de América Latina, superada únicamente por El Salvador y Honduras. El pico trágico se registró en el año 2011, con 233 muertes violentas de mujeres, demostrando la ineficacia de la receta puramente penal.

Período 2012-2020: La Procuraduría General de la República modificó la clasificación estadística, fragmentando los datos entre feminicidios «íntimos» (cometidos por parejas o exparejas) y «no íntimos». Aunque esta división metodológica proyectó una aparente tendencia a la baja, el análisis matemático real demostró que la tasa se mantuvo estancada de forma estructural entre 2.0 y 2.4 por cada 100,000 habitantes. Un rasgo alarmante de este período, fue que en un 25% a 30% de los casos, el agresor se suicidó inmediatamente, dejando una secuela de orfandad y destrucción familiar. El confinamiento por la pandemia en 2020 agudizó la crisis, cerrando la década con una tasa de 2.4, una de las más altas de la región.

Proyección 2020-2026: El feminicidio se consolida como una amenaza permanente a la seguridad ciudadana. El aumento de los crímenes precedidos por denuncias archivadas o ignoradas pone de manifiesto el colapso de las medidas de protección y la urgencia de reestructurar el tejido social. Este panorama se ve agravado por transformaciones urbanas aceleradas y crisis en la autoridad familiar; actualmente, cerca del 45% de los hogares dominicanos cuentan con una jefatura monomarental femenina, enfrentando solas el reto de la crianza en un entorno de alta violencia social.

Conclusión: Hacia una verdadera profilaxis social: La República Dominicana no resolverá el feminicidio aumentando penas de manera reactiva o construyendo más cárceles. Modificar este panorama requerirá, por lo menos, dos décadas de políticas públicas sostenidas, siempre y cuando se apliquen los correctivos de lugar en la matriz educativa. Existen referentes internacionales de ingeniería social, como Singapur, que demostraron que es posible transformar la conducta ciudadana modificando estructuralmente los pilares del comportamiento desde la infancia.

No basta con endurecer el castigo; el feminicida actúa impulsado por la intolerancia, la ira y el sentido de propiedad, factores que no se detienen con la amenaza de una condena futura. La verdadera pregunta que debemos plantearnos ante cada tragedia no es por qué ocurrió, sino cuántas señales ignoró el sistema antes de que el agresor apretara el gatillo o empuñara el arma. Mientras la escuela continúe formando individuos técnicamente funcionales para competir en el mercado, pero emocionalmente analfabetos para convivir en sociedad, la intervención del Estado seguirá llegando demasiado tarde a los tribunales y demasiado temprano a los cementerios.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).