Caso SeNaSa: Cuando la justicia deja de ser espectáculo

Por Elida Almonte
(Ciudadana de la diáspora)

NUEVA YORK.- El liderazgo auténtico no se ejerce para agradar; se ejerce para transformar. Madura cuando las ideas se confrontan con la realidad y se ajustan para producir resultados, no aplausos. Sin embargo, en la era digital, muchas democracias enfrentan una distorsión peligrosa: la política se mide por likes y tendencias, no por impacto real ni por la solidez de sus instituciones.

Gobernar, dirigir y servir no es un concurso de popularidad. Implica asumir decisiones que incomodan, romper inercias históricas y permitir que las instituciones funcionen aun cuando hacerlo tenga costos políticos. Para quienes observamos nuestros países desde la diáspora —con una mirada comparada, económica y cívica— la fortaleza institucional no es un concepto abstracto: es la base de la confianza, la inversión y la cohesión social.

En la República Dominicana, en materia de justicia, comienzan a observarse señales que merecen atención más allá de sus fronteras. El gobierno del presidente Luis Abinader ha permitido que el sistema judicial actúe incluso cuando las investigaciones alcanzan a figuras cercanas al poder. El arresto de Santiago Hazim, exfuncionario vinculado al entorno gubernamental, por acusaciones de desfalco en el sistema público de salud (SENASA), representa un quiebre con prácticas históricas de protección política y envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley.

Este tipo de acciones no son simbólicas ni cosméticas; son estructurales. Y precisamente por eso generan resistencia. Cuando la justicia deja de ser selectiva, se derrumba el discurso cómodo de la impunidad disfrazada de moral. En ese punto aparecen estrategias conocidas: desinformación, exageración, agitación social y descrédito institucional. No buscan fortalecer la justicia; buscan desgastar al Estado y capitalizar políticamente el malestar.

La pregunta que muchos en la sociedad civil —dentro y fuera del país— se hacen es directa: ¿qué se persigue cuando, aun con procesos judiciales en curso y respeto al debido proceso, se insiste en incendiar el debate público? ¿Justicia o inestabilidad? ¿Transparencia o cálculo político?

La justicia no puede evaluarse por percepciones ni administrarse desde campañas digitales. No responde a encuestas, hashtags ni presiones mediáticas. Los sistemas judiciales requieren tiempo, pruebas, independencia y garantías. Exigir condenas inmediatas para satisfacer la ansiedad del momento no fortalece la democracia; por el contrario, la debilita. Convertir la justicia en espectáculo es una práctica recurrente en sistemas frágiles, no en democracias que aspiran a consolidarse y a proyectar confianza internacional.

Desde la perspectiva de la diáspora y del comercio internacional, la estabilidad institucional es un activo estratégico. Los países que respetan el Estado de derecho atraen inversión, fortalecen su reputación global y generan oportunidades sostenibles para su gente, tanto dentro como fuera de sus fronteras. El populismo punitivo puede ser ruidoso y momentáneamente rentable, pero termina erosionando las bases económicas y sociales del desarrollo.

El liderazgo democrático no se mide por la viralidad de un discurso ni por la intensidad del aplauso digital. Se mide por la capacidad de sostener decisiones difíciles, de proteger la independencia institucional y de permitir que la justicia actúe sin interferencias, aun cuando ello no convenga políticamente.

En un mundo cada vez más polarizado, donde la opinión suele desplazar al hecho y el ruido al análisis, defender el Estado de derecho sin concesiones no es un acto de debilidad. Es una muestra de madurez política y de responsabilidad histórica. Los likes pasan; las instituciones quedan. Y son ellas las que, al final, determinan el rumbo de una nación.