Cennect with us

POLITICA

Juristas y políticos respaldan planteamiento PRSC de modificar la Constitución

Publicado

en

SANTO DOMINGO.- Numerosos juristas y políticos respaldan el planteamiento hecho por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el pasado mes de julio, de la necesidad de una reforma a la Constitución de la República, en la que se incluya la unificación de las elecciones municipales con las congresales y presidenciales y otros temas que ayuden a lograr la refundación de la democracia.

Sobre la propuesta, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, ha reclamado un Pacto Político y Social por la Estabilidad de la Constitución, la Unificación de las Elecciones de 2020 y el Fortalecimiento Institucional.

Alerta que “el actual escenario de saturación electoral absoluta, al más alto nivel de intensidad durante prácticamente un año, tendrá implicaciones perjudiciales de todo tipo, económicas y políticas, entre otras, que podría paliarse de manera considerable con la reunificación de las elecciones”.

Por su parte, el jurista Nassef Perdomo Cordero, considera que la principal amenaza de este calendario es la insoportable tensión a la que se verá sometido el sistema de solución de conflictos electorales. “El Tribunal Superior Electoral sufrirá tres tsunamis de quejas entre octubre y junio: el primero, sobre los resultados de las primarias; el segundo, por las elecciones de febrero y el tercero sobre las elecciones nacionales de mayo. Siempre es posible que el sistema supere esta prueba de resistencia, pero es una apuesta arriesgada. Lo mejor sería unificar las elecciones y no comprometer el éxito del proceso electoral”, asegura.

En la misma línea se ha posicionado el abogado, José Martínez Hoepelman, que ha llamado al liderazgo político nacional y a todos los sectores del país a unificar las elecciones para evitar que, en menos de 90 días, se deban escoger 4,113 posiciones electivas, con el riesgo que entraña la aplicación de nuevas modalidades tecnológicas.

A su entender, el elevado costo total de RD$ 10,000 millones es un gasto innecesario, excesivo y riesgoso que “podría, como históricamente ha ocurrido, sumir al país en la violencia política, la incertidumbre de las campañas, la violencia física que ocurre históricamente, la impugnación masiva de resultados, como fruto de la crisis de confianza institucional y lastimar de nuevo la marca país y la moral y reputación internacional, con consecuencias funestas para la economía”.

Eddy Olivares, jurista constitucionalista y miembro titular de la JCE hasta 2016, asegura que la concatenación de elecciones en pocos meses causa “una gran distorsión que hay que resolver” y explica que, por ejemplo, en los lugares donde las elecciones son separadas con menos espacio de tiempo es por un año, por ejemplo en El Salvador. Enfatiza que el costo económico tan elevado en elecciones separadas por un período de tres meses es algo que no tiene sentido “porque no aporta absolutamente nada ni a la democracia ni al proceso”.

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, es partidario de unificar los ciclos lectivos para dar un respiro a la JCE ante la inminente implementación de las nuevas leyes electorales. Entiende que la actual agenda evidenciaría la “falta de logística de la JCE, el eventual transfuguismo de quienes resulten vencidos por el estado de vulnerabilidad y desesperanza propio de los perdedores y la mercantilización de la política, haciendo más cara la democracia, todo ello sin contar el descrédito y la incertidumbre que traerían los consecuentes reclamos ante el Tribunal Superior Electoral”.

Junto a las demandas de unificación de elecciones, otros sectores urgen también a introducir cambios constitucionales que favorezcan la independencia del sistema judicial. Es el caso del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, que se ha sumado a las voces partidarias de reformar la Constitución para impedir la reelección presidencial y mejorar el sistema de justicia dominicana. Abinader quiere favorecer la despolitización del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), haciéndola menos dependiente del poder ejecutivo, para lo cual invita a todos los aspirantes a firmar un pacto de despolitización de la Justicia.

En el mismo sentido se ha posicionado también el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel. Surun Hernández, que propone aprovechar los cambios en la Carta Magna para modificar la actual composición del CNM y dotar a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría de mayores niveles de independencia. Asegura que en el Ministerio Publico tanto el Procurador General como el Contralor General no deben ser designados por el Poder Ejecutivo.

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, ha ido incluso más allá en los cálculos del costo electoral.

El líder reformista afirma que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se equivocó al asegurar que el ahorro que tendría el país con la unificación de las elecciones sería entre cuatro y seis mil millones de pesos.

Asegura que el funcionario se “quedó muy corto” en cuanto al gasto real que representaría la celebración de unas elecciones municipales separadas de las congresuales y presidenciales, ya que a su entender el ahorro debe andar por alrededor de los 15 mil millones de pesos.

En este sentido, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, asegura que celebrar las elecciones por separado supondría para el país un costo extra de más de RD$5,000 millones.

Opina que República Dominicana es un país con recursos limitados y con muchas necesidades de inversión económica y social y cree que ese ahorro de dinero que representaría unificar los comicios podría ser destinado a áreas sociales de prioridad, como educación, salud y oportunidades de trabajo para los jóvenes y mujeres, entre otros.

LA PROPUESTA DEL PRSC

Se recuerda que el pasado 24 de julio, en el marco de una conferencia de prensa en la sede del PRSC, las principales autoridades de esa organización encabezadas por su presidente, Quique Antun, y el secretario general, Ramon Rogelio Genao, anunciaron la propuesta de una reforma constitucional que incluye once puntos «para corregir distorsiones y errores» producto del pacto de las «corbatas azules».

Entre los puntos que plantea el Partido Reformista se encuentra unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, con el objetivo de restablecer la simultaneidad de los períodos constitucionales y reducir los altos costos de las campañas, “ya que el país no resiste los gastos que representan hacer primarias o convenciones en octubre, realizar unas elecciones generales municipales en febrero, otras elecciones generales presidenciales y congresuales en mayo; y la posibilidad de una cuarta ronda electoral en junio, si se produjera una segunda vuelta electoral”.

Asimismo, agregar un párrafo al artículo 209 de la Constitución para eliminar el arrastre entre diputados y senadores, como lo establece la Ley 15-19, “y así dejar constitucionalizado los cuatro niveles de elecciones el tema para evitar las confusiones surgidas sobre el particular”.

El PRSC sugiere que en una reforma constitucional se establezca volver al diseño original del Consejo Nacional de la Magistratura tal y como lo pactaron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia de 1994, excluyendo al Procurador General de la República.

Igualmente darle más oportunidad a la juventud, disminuyendo a la mayoría de edad, o sea de 25 a 18 años, la edad mínima para accesar a los cargos de senadores y diputados.

Otro punto de la reforma planteada por el Partido Reformista es despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las Altas Cortes, y en todo el sistema judicial, deben tener un mínimo de diez años de no militancia partidaria.

Además, disponer que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales, no puedan ocupar la misma posición por más de dos períodos consecutivos, a fin de facilitar la alternabilidad y renovación generacional en el ejercicio de puestos de elección popular.

Otro planteamiento del PRSC para una reforma a la Carta Magna es mantener el modelo norteamericano para la elección del presidente y vicepresidente de la República, teniendo la posibilidad de dos períodos y nunca jamás y establecer los candados necesarios para evitar que se realicen nuevas reformas sobre el sistema presidencial. Entre esos candados proponen aumentar la mayoría calificada para poder modificar la Constitución y agregar al artículo 272 la reelección presidencial, “para así igualar ese tema a otros como los derechos fundamentales, que requieren la aprobación de un referendo aprobatorio para poder ser modificado”.

Otro punto es que se coloque un “tope constitucional al endeudamiento”  para fijar un riguroso límite al   endeudamiento público interno y externo, a los fines de que con el acelerado ritmo de préstamos que lleva el país, la Nación no pueda quedar en un estado de indefensión financiera.

También combatir la corrupción e impunidad de manera efectiva, es necesario que haya un sistema de investigación imparcial, independiente y sin miramientos políticos. En tal sentido, explicaron que el Procurador General de la República y el Contralor General de la República,  no deben ser de libre designación del Poder Ejecutivo, sino designados por otro órgano constitucional por un período de cuatro años, no coincidente con el del Presidente de la República.

Además, eliminar la posibilidad de reelección de los jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo un período único de  diez años, así como establecer en esa reforma la habilitación futura a partir del 2024, del actual Presidente de la República.

 

Centinue Reading
Publicidad