Sobre la política de tránsito y transporte terrestre del actual gobierno en nuestro país

Por Lic. Mario Díaz.-

Las autoridades del área del transporte y tránsito terrestre del actual gobierno, no ha dado ninguna señal de que estén realmente empeñados en buscarle una solución tangible e integral a la problemática del tránsito terrestre y del transporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo y en las principales provincias del interior del país.

Estimamos que el conjunto de funcionarios de esta importante área, sólo están empeñados en darle seguimiento a la construcción de una nueva línea del Metro de Santo Domingo, así como a la construcción del Teleférico de Santo Domingo, obra esta que sólo beneficia a cerca de doscientas mil personas que viven en los marginados barrios de la zona en que fue construido el Teleférico, y que no están operando a plena capacidad.

Los aportes en materia de transporte que tienen ambas obras, no se compadecen con los elevados costos de las mismas, las cuales constituyen elementos trastornadores para la economía, debido a que se ha demostrado que en su ejecución se han detectado “escandalosos casos de corrupción”, al tiempo que han sido factores para el incremento de la insoportable deuda externa.

Desde el punto de vista social, esas obras han contribuido en aumentar la pobreza y han dejado en el abandono a cientos de miles de choferes pobres que han sido desplazados de su ambiente normal de trabajo, mientras las autoridades ponen oídos sordos a este drama y solo muestran interés por las grandes obras que sólo han servido para llenar los bolsillos de los funcionarios encargados de su ejecución.

Estás obras son excluyentes, debido a que las mismas han desalojado de sus medios de trabajo y han dejado prácticamente sin ingresos económicos a miles de chóferes de carros públicos, que fueron desplazados de las rutas del concho que funcionan en las inmediaciones del trayecto que recorren los vagones del Teleférico de Santo Domingo.

Lo que se ha cometido contra los choferes de concho es un crimen, las actuales autoridades solo están empeñadas en utilizar el poder para favorecer a los grandes empresarios y a muchos funcionarios corruptos, mientras deja abandonados a los obreros del volante.

Además, el sector transporte gubernamental se preocupa ciegamente por mantener funcionando los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, los cuales según las estadísticas del mismo gobierno, reciben un subsidio injustificable, ya que la OMSA es una de las instituciones públicas en donde se han registrado más actos de corrupción en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

Esa entidad estatal carga con una pesada nómina parasitaria de empleados y miembros del Partido gobernante y aliados, que reciben mensualmente lujosos sueldos y ayudas que no se justifican, y que son cubiertas con asignaciones especiales del Poder Ejecutivo, que superan varias veces la producción generada por esta deficitaria entidad gubernamental, la cual en diferentes periodos administrativos, ha adquirido modernos autobuses, a precios exagerados en los mercados internacionales.

Los reformistas y los dominicanos en sentido general, apoyamos la modernización de nuestro sistema de Transporte de pasajeros, pero no apoyamos que el Gobierno construya terminales en las afueras de la ciudad, para beneficiar a empresarios desconocidos, desplazando en sus planes a los actuales operadores de las terminales de autobuses que brindan el servicio de Transporte inter urbano de pasajeros.

Con relación a los nuevos organismos creados mediante la ley 63-17, sobre Tránsito Terrestre Transporte y Movilidad Vial, consideramos, que el país retrocedió con la creaciin de esa ley ya que a nuestro juicio la misma constituye un desacierto que no ha contribuido en nada a la solución los problemas del tránsito vehicular en ninguna provincia del país y que por el contrario a desmejorado nuestro sistema de transporte terrestre.

Las instituciones creadas por la ley 63-17, a pesar de los esfuerzos que hace la Dirección General del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), siguen funcionando igual que las que fueron derogadas por esa pieza legislativa, por lo que el país la ha asimilado como un simple cambio de nombres a la antigua Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y a otras instituciones que siguen dirigidas por los mismos incumbentes que administraban a las anteriores.

Los funcionarios del área de transporte de este gobierno no han esclarecido el uso dado a los recursos que la ley 253-12 en su artículo 20 párrafo III, modificado por el artículo 20 de la ley 63-17, establece para la sustitución de la flota de vehículos del transporte de pasajeros y de cargas en nuestro país.

Según informaciones comprobadas, esos recursos que sobrepasan ya los tres mil millones de pesos, han sido desviados a otros fines, como la construcción del Teleférico de Santo Domingo, violentando esas leyes, que señalan tácitamente el uso ordenado para esos recursos, que se recaudan mediante un impuesto de dos pesos a cada galón de gasoil y gasolina Premium que se comercializa en nuestro país.

El recurso de revisión constitucional a la disposición legal que creó el fondo para la sustitución de la flota vehícular del concho, solicitado por decenas de organizaciones choferiles del país al Tribunal Constitucional, se encuentra ya en estado de fallo y que la población y los sindicatos y empresas del transporte esperan una decisión justa y favorable de parte de esa alta corte, que ordene al gobierno utilizar esos recursos como establece la ley, en la sustitución de la flota vehícular del transporte de pasajeros y de cargas de la República Dominicana, en coordinación con el sector de Transporte organizado que opera con las destartaladas unidades vehiculares con que se brinda el servicio de transporte de pasajeros y de cargas a los dominicanos y extranjeros en nuestro territorio.

*El autor es Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano.