Especialistas analizarán el impacto sanciones administrativas al sector no financiero planteadas en la Ley contra el Lavado

La aplicación de sanciones administrativas al sector no financiero contempladas en la Ley de Prevención de Lavado de Activos será analizada por expertos nacionales e internacionales que participarán en un panel que se realizará el 15 de agosto en Santo Domingo.

El especialista en antilavado, Roberto Mella Cohn dijo que la Ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, ha contemplado una serie de sanciones administrativas, las cuales pueden ser impuestas a los sujetos obligados, así como a sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley y sus reglamentos.

Estas sanciones conforme establece la Ley pueden ser muy graves, graves y leves, y conllevan multas de hasta diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) para los sujetos obligados financieros y hasta cuatro millones de pesos (RD$4,000,000.00) para los sujetos obligados no financieros.

El tema de las sanciones por violación a la Ley 155-17 en el sector no financiero será sometido a análisis por expertos nacionales e internacionales que participarán en el panel “El Sector No Financiero en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financieros al Terrorismo: Mitos, Avances y Retos”, que será realizado el próximo 15 de agosto 2018, en el Hotel Crowne Plaza Malecón de Santo Domingo, organizado por la empresa RMC – Risk Management & Compliance.

La empresa Risk Managemente & Compliance informó que los interesados en participar en el panel “El Sector No Financiero en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financieros al Terrorismo: Mitos, Avances y Retos”, programado para el 15 de agosto del 2018, en el Hotel Crowne Plaza Malecón de Santo Domingo, pueden obtener mayores informaciones en el teléfono 809- 476-7233.

Según un análisis realizado por la empresa RMC – Risk Management & Compliance de las multas publicadas al sector financiero y cambiario, y en el sector bursátil, se han registrado más de ciento cinco faltas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y de cumplimiento regulatorio, las cuales han generados sanciones administrativas a distintos sujetos obligados del sector financiero, cambiario y bursátil.

El especialista en Prevención de Lavado de Activos y economista Roberto Mella Cohn, dijo que conforme al estudio realizado, se pueden llegar a las siguientes conclusiones generales: 43% de las multas fueron generadas por la Superintendencia de Bancos y 57% por la Superintendencia de Valores. Dentro de esos sectores los Agentes de Cambio (58%) fueron las que mayor cantidad de sanciones recibieron, mientras que en el mercado de valores fueron los Puestos de Bolsa y Administradoras de Fondos de Inversión.

Mella Cohn aclaró que las faltas publicadas por los reguladores y analizada por su empresa al sector financiero y cambiario, y bursátil están vinculados a incumplimiento o debilidades de procedimientos exigidos por la ley y disposiciones sectoriales. Las situaciones se refieren a debilidades en temas de vinculación de clientes, falta de documento en los expedientes de clientes, no mantener los sustentos documentales que avalen el origen de los fondos, retrasos en envío de información y reportes, entre otros aspectos administrativos corregibles.

Roberto Mella Cohn indicó que del mismo modo los sujetos obligados no financieros pueden cometer las faltas señaladas anteriormente y muchas tantas previstas en la Ley 155-17, por lo que es imperante conocerlas y entender cómo prevenirlas.

El economista expresó que actualmente se desconoce las estadísticas de multas en otros sectores, que claramente tiene sentido que los supervisores otorguen un tiempo para que estos nuevos sujetos obligados hagan sus adaptaciones para comenzar a aplicar multas.

En ese sentido dijo “Debe ser un proceso progresivo con los llamados nuevos sujetos obligados, para que se adapten a esos nuevos requisitos; sin embargo es bueno resaltar que ya la ley tiene más de un año a pesar de que muchas regulaciones sectoriales son de diciembre del año 2017 y enero de este año. Desde mi punto de vista es el momento de comenzar a notificar las faltas, atacar la informalidad y otorgar plazos razonables de adaptación”.