Hacia una política migratoria integral

Por Manuel Jiménez

La política migratoria dominicana, especialmente frente a Haití, necesita mirar con mayor atención la vida de nuestras comunidades fronterizas. Cada vez que se agrava la crisis del vecino país, volvemos a hablar del envío de militares, de los controles y de las repatriaciones, medidas necesarias que forman parte de las responsabilidades del Estado, pero que deben acompañarse de un esfuerzo más amplio para que los dominicanos encuentren en sus pueblos las condiciones para vivir, trabajar y levantar a sus familias.

Recuerdo un encuentro en Dajabón, durante mis años como director de Comunicaciones del entonces Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el que conocimos los resultados de la ley de incentivos fronterizos.

Las inversiones y los empleos estaban lejos de las expectativas, y entre las inquietudes que surgieron había una que todavía conserva toda su importancia: qué debemos hacer para que los habitantes de esas provincias, especialmente los jóvenes, puedan construir su futuro sin tener que marcharse.

Sería injusto desconocer las intervenciones que el Gobierno ha realizado en la frontera, donde se han construido y mejorado carreteras, ejecutado obras comunitarias y atendido necesidades reclamadas durante años.

Son esfuerzos que merecen reconocimiento porque facilitan la comunicación, acercan los servicios y mejoran las condiciones de muchas localidades, aunque todavía falta que esas actuaciones formen parte de un desarrollo más integral, capaz de generar empleos estables, fortalecer la producción y llevar un bienestar duradero a sus pobladores.

Una carretera tiene un enorme valor para una comunidad, sobre todo cuando permite sacar la cosecha, llegar a un hospital o reducir las dificultades del transporte, pero alrededor de esa obra deben crecer también las oportunidades.

La gente necesita producir y encontrar compradores, los jóvenes requieren preparación y trabajo, y las familias esperan escuelas y centros de salud que respondan a sus necesidades, porque de poco sirve mejorar el acceso a un pueblo si sus habitantes siguen sintiendo que deben abandonarlo para progresar.

Las leyes de incentivos han contribuido a atraer empresas y sostener empleos, y sus resultados tampoco deben ser ignorados. El informe oficial de ejecución de 2025 reportó 19,659 puestos de trabajo y una inversión acumulada superior a los 190,000 millones de pesos, cifras importantes que deben reflejarse en la vida de las comunidades y extenderse hacia las provincias que todavía reciben una participación limitada de esos beneficios.

La concentración de empresas en Montecristi y Santiago Rodríguez muestra que aún hay mucho por hacer para que el desarrollo alcance al conjunto de la frontera. Las exenciones ayudan, pero también hacen falta electricidad estable, agua, caminos adecuados y trabajadores preparados, condiciones que permitan a una empresa establecerse y crecer mientras los pequeños productores y comerciantes encuentran espacio para participar de esa actividad.

Pedernales, por ejemplo, ofrece una oportunidad que debemos aprovechar con esa visión. El desarrollo turístico puede transformar la economía de la provincia si los jóvenes reciben formación para ocupar los nuevos empleos, los agricultores consiguen vender sus productos y los pequeños negocios se incorporan al movimiento que generen los hoteles y sus visitantes, de manera que las familias sientan el progreso en sus propios ingresos.

Esa debe ser parte de una política migratoria integral, junto con el orden en la contratación de extranjeros, la fiscalización de los empleadores y el combate al tráfico de personas. Proteger la frontera exige vigilancia y firmeza, pero también comunidades con vida, producción y esperanza, donde los dominicanos encuentren razones para quedarse y donde las obras del Gobierno se traduzcan en oportunidades y bienestar para la gente.