PISA: LA CAUSA, MANO DURA CON ADVERTENCIA: LA CONSECUENCIA

DR. NICANOR RODRÍGUEZ TEJADA

La República Dominicana vive atrapada en un peligroso ejercicio de miopía institucional. Semana tras semana, el debate nacional se agota en el ruido mediático de la coyuntura: discursos rimbombantes, promesas de mano dura, comisiones de alto nivel y conferencias de prensa que giran obsesivamente en torno a la consecuencia, mientras se le huye con pánico a la causa. Nos hemos vuelto expertos en administrar el desastre, pero incapaces de prevenirlo. Es el síndrome del médico que receta aspirinas para curar un cáncer metastásico: prefiere ocultar el dolor antes que extirpar el tumor.

Hagamos memoria institucional. En el año 1997 se inauguró un hito legislativo y social paralelo: la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y la Ley 66-97 de Educación. Treinta años después, un tramo que nos instala en este 2026, el balance es escalofriante. Las muertes acumuladas bajo la sombrilla de los denominados «intercambios de disparos» superan las 6,000 víctimas. Los delitos intrafamiliares persisten como una llaga abierta y la violencia social no cede. El problema es hoy estructuralmente mayor que hace tres décadas, y, sin embargo, el Estado sigue aplicando las mismas fórmulas fallidas de siempre, repitiendo el cínico estribillo de que «la democracia se solidifica cada día más», mientras la realidad marcha de capa caída.

¿Cómo llegamos a este laberinto? Simple: financiando el fracaso. Veamos las cifras de la economía de la descomposición. Tras décadas de lucha por el famoso 4% del PIB para la educación, un presupuesto que acumula más de la mitad de su tiempo histórico sin lograr alterar las conductas de nuestras bases sociales ni erradicar la barbarie urbana, el Estado destina hoy un 3% del Producto Interno Bruto exclusivamente a curar, parchar y rescatar a los accidentados en las salas de traumatología de los hospitales públicos, producto de una anarquía vial desbordada. A eso súmele otro 1% del PIB tragado por los subsidios gubernamentales para apaciguar el hambre de una población precarizada.

Mientras tanto, los grandes parches estructurales duermen el sueño eterno: una reforma policial engavetada por más de cinco años en los laberintos del Congreso, y una Ley de Seguridad Social convertida en una sombra invisible al servicio de intereses corporativos. Y lo peor no es la ineficiencia presupuestaria; es el colapso de la confianza. Las mediciones de opinión pública reflejan una verdad lapidaria: la gente ya no cree en nadie. Las instituciones han perdido su aura de autoridad moral y el ciudadano camina a la defensiva, acosado por el estrés y la ansiedad de una «selva social» donde la ley es letra muerta.

Pero esta vara de medir implacable se vuelve flexible cuando cambiamos de escenario. Mientras esa conciencia nacional se recrudece en las calles, los delitos de cuello blanco, la corrupción institucional, el desfalco y la impunidad de altos vuelos, navegan en aguas apartadas del rigor del debido proceso real. La igualdad ante la ley subsiste como una ficción retórica: para el delincuente común hay todo el peso del sistema, pero para el infractor de cuello privilegiado parece que lo mandaran directo a encomendarse a Dios, exento de consecuencias reales.

«…Y como muestra de la improvisación punitiva que nos gobierna, ahí están los datos más frescos de la propia coyuntura: de los últimos ciudadanos ejecutados bajo el cómodo eufemismo de los «intercambios de disparos», los reportes de prensa revelan que una franja alarmante carecía de antecedentes penales de reincidencia que justificaran la letalidad extrema. Se mata primero y se investiga después, pisoteando flagrantemente el debido proceso y convirtiendo el plomo en la única política criminal del Estado. Se justifica la ejecución extrajudicial apelando a historiales criminales inflados, cuando en la práctica la bala anula la justicia y el paredón informal sustituye a los tribunales…»

No se trata de cuestionar la persecución en sí misma, sino la forma selectiva y el doble rasero. ¿Quién le hace más daño a la sociedad? ¿Quién roba más vidas y recursos: el ratero de esquina o el corrupto de guante blanco que desangra instituciones tan vitales como el SeNaSa o desfalcando los fondos del Instituto Oncológico en Santiago, ¿jugando criminalmente con la salud y la agonía de los pacientes? Los grandes expedientes de corrupción caminan a paso de hicotea —lentos, morosos, diseñados para que algún día lleguen a puerto muerto o prescriban en el olvido—. No hay prisa para los poderosos.

Ante este panorama de desolación sistémica, la clase política prefiere el atajo de la simulación. Es el clásico síndrome del fracaso anunciado: antes de admitir que el modelo colapsó, se opta por el «dele pa’ bajo» y se evita poner sobre la mesa la receta que verdaderamente sanaría al paciente.

Continuar atacando la consecuencia, aplaudiendo operativos policiales punitivos, endureciendo penas para unos pocos o lamentando en la televisión la tragedia de cada fin de semana, mientras se ignora la causa y se protege la impunidad de altos kilates, es una estafa intelectual. Si no reorientamos el gasto público hacia la prevención, si la justicia deja de ser un instrumento de castigo selectivo, si la reforma policial sigue secuestrada y si el sistema no impone un régimen de consecuencias universal, sin privilegios ni clases intocables, seguiremos celebrando aniversarios estériles sobre catástrofes cotidianas.

La pregunta no es cuánto más resistirá el presupuesto nacional. La pregunta real es cuánto tiempo más toleraremos vivir atrapados en un Estado que prefiere curar los estragos de la ignorancia y maquillar la corrupción, antes que atreverse a transformar las causas que nos matan. Y eso, la ronda de muerte por intercambio de disparo no se detiene, pero hay reforma en la creencia de la esfera del poder.

(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).