Opiniones
SIPEN al servicio del poder económico
Préstamos millonarios sin garantía revelan una captura regulatoria que “socializa el riesgo y privatiza las ganancias.”
Por J. Luis Rojas
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El estudio Radiografía de la Seguridad Social. Resultados y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones 2025, elaborado por Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, y auspiciado por la Fundación Juan Bosch y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), constituye una radiografía contundente del sistema de AFP en la República Dominicana. Sus hallazgos no solo revelan un modelo previsional fallido, sino un entramado financiero que opera como un mecanismo de transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia los grupos económicos más poderosos del país.
Este diagnóstico coincide plenamente con el análisis publicado por los investigadores en febrero de 2025, ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?, donde desmontan la narrativa oficial y exponen la verdad incómoda: el sistema de pensiones dominicano es una estructura diseñada para enriquecer a grandes corporaciones mientras condena a la mayoría a pensiones miserables. Allí advierten que las AFP no administran pensiones; administran poder.
A la luz de este estudio, la reciente decisión de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) de prestar millones de pesos sin garantía a conglomerados como Grupo Estrella, Grupo Rica, Grupo Ramos y César Iglesias no es un accidente ni una anomalía. Es la confirmación de un patrón estructural: el sistema de pensiones ha sido capturado y puesto al servicio de intereses privados, mientras los trabajadores quedan expuestos a riesgos que jamás aprobaría un regulador independiente.
Ingresos blindados: la falsa moderación de la Ley 13-20
El estudio demuestra que la Ley 13-20, presentada como una reforma para “moderar” las comisiones, terminó blindando los ingresos de las AFP. En 2025, los ingresos operacionales alcanzaron RD$11,562.2 millones, creciendo a un ritmo de 8 % anual, muy por encima del período previo a la reforma.
Los autores lo explican con claridad: “Una comisión fija sobre un fondo creciente lo que ha hecho es blindar los ingresos y las ganancias.”
La reforma no moderó nada. Solo estabilizó y aseguró el negocio. Las AFP no dependen de eficiencia, innovación ni competencia. Dependen de un diseño regulatorio que garantiza ingresos crecientes sin importar su desempeño real.
Este blindaje explica por qué las AFP reportan utilidades que crecen como si fueran bancos de inversión, no entidades previsionales. Mientras tanto, los trabajadores —los verdaderos dueños del dinero— reciben promesas vacías y tasas de reemplazo que no alcanzan ni para cubrir lo básico. Es un modelo perverso: Las AFP se quedan con la ganancia y transfieren el riesgo a quienes menos pueden asumirlo.
Un mercado oligopólico y un regulador capturado
El estudio revela que cuatro AFP concentran el 95.4 % de los ingresos del sistema. El índice Herfindahl-Hirschman alcanza 2,426, una cifra que describe un mercado oligopólico. En ese contexto, la competencia es inexistente y la regulación termina subordinada a los intereses de los administradores.
Tavárez y Bosch lo advierten: “Las AFP fijan la tónica y capturan el regulador.”
Esta captura regulatoria se expresa también en el comportamiento público de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP). Cada vez que surgen cuestionamientos objetivos y verificables, el gremio no responde con transparencia ni con soluciones. En lugar de eso, activa su maquinaria mediática y compra opiniones. Llama a economistas como Andy Dauhajre y Jaime Aristy Escuder, quienes aparecen como voceros del capital financiero, repitiendo los mismos argumentos de siempre: que el sistema es “sólido”, que las AFP “generan rentabilidad”, que todo está “funcionando”. Pero nunca hablan de los trabajadores ni de las pensiones insuficientes.
La decisión de SIPEN de otorgar préstamos sin garantía a grupos corporativos confirma esta captura. Un regulador independiente jamás permitiría que los fondos de pensiones —recursos de naturaleza social— se expongan a operaciones de alto riesgo sin respaldo alguno. Pero en un mercado capturado, el regulador gubernamental actúa como facilitador del negocio privado.
Utilidades crecientes y gastos inexplicables: el costo social del modelo
Las utilidades de las AFP crecieron hasta RD$5,933.8 millones en 2025, casi triplicando el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Pero lo más revelador es el comportamiento de los gastos operacionales: aumentaron a un ritmo de 13.7 % anual, superando incluso las ganancias.
El estudio lo documenta: “los gastos operacionales y generales alcanzaron RD$7,198.4 millones en 2025, superando por mucho a las ganancias.”
Este incremento no tiene explicación técnica. No responde a mejoras en la gestión ni a inversiones en infraestructura. Es, más bien, una señal de que el sistema permite inflar costos para justificar ingresos y proteger márgenes.
El resultado es un costo social acumulado de RD$126,489.1 millones, recursos que deberían fortalecer derechos sociales, no engrosar balances privados.
Rentabilidad extraordinaria para las AFP, precariedad para los trabajadores
La rentabilidad real de los fondos de pensiones fue de 4.4 % en 2025, y la tasa de reemplazo proyectada para los futuros pensionados ronda el 30 % del salario. Es decir, el sistema no garantiza pensiones dignas.
Sin embargo, las AFP exhiben indicadores de rentabilidad que superan ampliamente a la banca: un ROE de 24.9 % y un ROA de 19.9 %, cifras posibles solo porque administran recursos cautivos, sin asumir riesgos reales.
Los autores lo sintetizan así: “Se recurre a un fetichismo de la rentabilidad… ocultando sus deficiencias en protección social.”
Este fetichismo es el mismo que los economistas contratados por ADAFP repiten en medios: hablan de rentabilidad, pero nunca de pensiones dignas. Hablan de crecimiento financiero, pero nunca de bienestar social.
El círculo del dinero: deuda pública, grupos económicos y privilegios
El estudio documenta que más del 80 % de los fondos de pensiones se invierten en deuda pública y en instrumentos vinculados a grandes grupos económicos. Las AFP financian proyectos corporativos, fideicomisos, plazas comerciales, edificios y operaciones de intermediación financiera.
El caso de César Iglesias es emblemático: las AFP compraron acciones para salvar la empresa de un vencimiento de deuda, y tres años después esas acciones valían 47 % menos. Las pérdidas se socializaron en los cotizantes.
Este patrón revela un circuito perverso: Los trabajadores aportan. Las AFP administran. Los grupos económicos reciben capital barato. El Estado paga la deuda con impuestos. Los trabajadores cargan con el riesgo y reciben pensiones insuficientes.
El nuevo escándalo: préstamos sin garantía a los grupos más poderosos
La decisión de SIPEN de prestar millones sin garantía a Grupo Estrella, Grupo Rica, Grupo Ramos y César Iglesias es la confirmación más clara de que el sistema previsional dominicano dejó de ser previsional.
Un préstamo sin garantía es, en términos financieros, una operación de altísimo riesgo. Ningún banco lo haría. Ninguna entidad responsable lo permitiría. En cambio, SIPEN sí lo hizo. ¿Por qué? Porque el dinero no es propio. Es ajeno. Es cautivo. Es obligatorio.
Este comportamiento revela una captura regulatoria profunda. SIPEN no solo supervisa; ahora participa activamente en un esquema que socializa el riesgo y privatiza las ganancias.
Un sistema que dejó de ser previsional
El sistema de AFP ha creado una dependencia estructural del endeudamiento público, convirtiendo a los trabajadores en financiadores involuntarios del déficit fiscal. Más del 80 % de los fondos se destinan a deuda pública, reproduciendo un círculo donde los cotizantes aportan capital y luego pagan la deuda con impuestos.
La coexistencia de AFP privadas y una AFP estatal no ha generado ningún efecto moderador. AFP Reservas reproduce exactamente las mismas lógicas de acumulación que AFP Popular, Siembra y Crecer. En un marco regulatorio capturado, la propiedad no cambia el comportamiento.
El investigador Francisco A. Tavárez lo plantea sin rodeos: “¿Son las AFP un mecanismo de ahorro para pensiones o una estructura de poder que transfiere recursos de la mayoría hacia grupos económicos privilegiados?”
Y él mismo responde: “El ahorro de millones de trabajadores alimenta circuitos financieros que favorecen a grandes actores económicos estrechamente vinculados al poder, mientras las pensiones prometidas siguen siendo insuficientes.”
Un modelo extractivista que exige transformación estructural
El estudio de Tavárez y Bosch concluye que el sistema dominicano de pensiones opera como un esquema extractivista. La decisión de SIPEN lo confirma. No estamos ante un modelo que busca garantizar pensiones dignas, sino ante un mecanismo de acumulación privada sostenido por la cotización obligatoria de millones de trabajadores.
Mientras las AFP exhiben utilidades récord y los grupos económicos reciben préstamos millonarios sin garantía, los presentes y futuros pensionados enfrentarán una tasa de reemplazo insuficiente, requisitos casi imposibles de cumplir y un horizonte de incertidumbre.
El sistema no necesita más reformas paramétricas. Requiere una transformación estructural que devuelva la seguridad social a su propósito original: proteger a las personas, no financiar a los poderosos. Para que el Poder Ejecutivo y los legisladores asuman el compromiso de reformar de manera profunda e integral la Ley 87‑01, será imprescindible la participación activa, organizada y beligerante de los afiliados.
Sin presión social sostenida, los dueños de las AFP, la SIPEN y la élite empresarial continuarán administrando un negocio altamente rentable construido sobre el dinero de las pensiones de los trabajadores dominicanos. La inacción ciudadana solo garantiza la permanencia de un modelo que privatiza las ganancias y socializa los riesgos, mientras posterga indefinidamente el derecho a una pensión digna.
Dicho en términos llanos, el modelo previsional dominicano ni siquiera cumple su propia normativa, que exige priorizar inversiones en actividades productivas y generadoras de empleo. En lugar de eso, los fondos se concentran en proyectos corporativos ya privilegiados —turismo, energía y construcción—, sectores que operan con amplia rentabilidad y no requieren subsidios previsionales para expandirse.
Esta desviación malintencionada del mandato legal confirma que el sistema no está orientado a fortalecer la economía real ni a crear oportunidades para los trabajadores, sino a sostener circuitos financieros que benefician a grupos empresariales consolidados, reproduciendo un esquema de acumulación que contradice el espíritu de la Ley 87‑01 y vacía de contenido su función social.
Paradoja de la vida: Resolución No. 643-02
Mientras la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) autoriza que empresas como Grupo Estrella, César Iglesias, Multiplaza (fideicomiso inmobiliario) y el Grupo Rica reciban, prácticamente sin garantías, RD$23,165.29 millones provenientes de los fondos de pensiones de los trabajadores, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) —órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)— junto a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), mediante la Resolución No. 643-02, aprobaron una disposición que resulta profundamente contradictoria e injusta.
Dicha resolución establece que los afiliados de ingreso tardío con derechos adquiridos a pensionarse en el Régimen de Reparto Estatal, y que por diversas razones se vieron obligados a retirar parcial o totalmente los recursos acumulados en sus Cuentas de Capitalización Individual (CCI), deberán reintegrar el dinero retirado como requisito indispensable para completar el proceso de traspaso desde la CCI hacia el sistema de reparto estatal.
En otras palabras, mientras a grandes corporaciones se les facilita el acceso a miles de millones del ahorro previsional sin las garantías mínimas exigibles, a los verdaderos dueños del dinero se les impone una carga adicional para ejercer un derecho que ya habían adquirido. Como ha expresado el merenguero dominicano Fernando Villalona, “Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca”. Y en este caso, la tuerca se está apretando únicamente del lado de quienes menos poder tienen.
(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).
