Opiniones
Alquileres sin control, convivencia en peligro
–La ausencia de regulación abre las puertas al desorden, la inseguridad y el deterioro de la vida comunitaria–
Por J. Luis Rojas
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Desde la psicología y la sociología, la convivencia humana se entiende como la capacidad de compartir espacios, normas, valores y responsabilidades comunes, gestionando los conflictos de manera pacífica y colaborativa. No es un concepto abstracto: es un determinante social de la salud mental y un requisito indispensable para la vida en comunidad. Donde la convivencia se cultiva, florecen la confianza y la cooperación; donde se descuida, emergen la tensión, la violencia, las riñas y el deterioro emocional.
Vivir en un ambiente de convivencia sana y productiva reduce el estrés, mejora la calidad del sueño, consolida la solidaridad, fortalece la resiliencia emocional y disminuye la irritabilidad. Las comunidades respetuosas experimentan menos conflictos y una mayor sensación de seguridad. En contraste, los entornos marcados por el ruido, la agresividad, el irrespeto a la dignidad humana y la ausencia o incumplimiento de normas compartidas se convierten en incubadoras de ansiedad, desgaste emocional y ruptura de los vínculos de amistad.
Educación ciudadana, cultura social y factores que limitan la convivencia
La convivencia no surge de manera espontánea: requiere educación formal básica, formación ciudadana y alfabetización emocional. Cuando estos elementos faltan —en comunidades, condominios, gremios, sindicatos o familias— se vuelve casi imposible construir ambientes sanos. La ausencia de normas claras, la incapacidad para gestionar desacuerdos y la falta de empatía generan conflictos permanentes, muchos de los cuales terminan en tragedias que incluso pueden costar vidas humanas.
A esto se suman factores sociales que limitan la convivencia: individualismo extremo, cultura del irrespeto, normalización de la violencia, impunidad cotidiana, arrogancia, prepotencia, falta de empatía y una institucionalidad débil. Cuando los grupos humanos desconocen los beneficios de convivir de manera sana y productiva, surgen enemistades, riñas y otros eventos negativos que podrían evitarse. Aprender a convivir es una responsabilidad ciudadana, pero también una obligación del Estado, la escuela, la familia, la universidad y las iglesias, que deben asumir un rol más activo, coherente, oportuno y eficaz.
En la presente coyuntura, en la que los Ministerios de Educación, Administración Pública y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), por iniciativa del Poder Ejecutivo, llevan a cabo una consulta nacional por la educación, resultaría pertinente incorporar en las mesas de discusión todo lo relativo a la convivencia humana.
La convivencia, entendida como una competencia blanda transversal, integra un conjunto de habilidades socioemocionales que permiten interactuar de manera respetuosa, colaborativa y productiva en cualquier entorno. Implica ejercer empatía, comunicación asertiva, autorregulación emocional, manejo constructivo de desacuerdos, respeto por la diversidad y compromiso con normas comunes que facilitan la vida colectiva. Como competencia transversal, atraviesa todos los espacios —laborales, educativos, comunitarios y familiares— y se expresa en comportamientos que fortalecen el clima social, reducen los conflictos evitables y promueven relaciones basadas en la cooperación, la responsabilidad compartida y la búsqueda del bien común.
En consecuencia, la consulta nacional por la educación constituye una oportunidad estratégica para que el Estado dominicano avance hacia una política pública que reconozca la convivencia como un componente esencial del desarrollo humano y de la calidad educativa. Resulta recomendable que las instituciones convocantes incorporen en sus propuestas la definición de estándares nacionales de convivencia, la formación docente en habilidades socioemocionales, la creación de protocolos de gestión pacífica de conflictos y la integración de esta competencia en los currículos, programas de capacitación y marcos de evaluación. Con ello, el país no solo fortalecería la cohesión social y el clima escolar y laboral, sino que también consolidaría una visión de educación centrada en la ciudadanía, la corresponsabilidad y la construcción de entornos seguros y respetuosos para todas las personas.
La brecha entre el discurso del Ministerio de Interior y Policía y la realidad
El Ministerio de Interior y Policía ha construido una narrativa institucional que presume esfuerzos para mejorar la convivencia en provincias y municipios. Sin embargo, el impacto real ha sido débil y, en muchos casos, meramente cosmético. La distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la ciudadanía es abismal. En muchas localidades donde no llegan las acciones del Ministerio, la ausencia de convivencia pacífica deteriora directamente la seguridad ciudadana. Y no es un detalle menor, ya que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana está bajo su rectoría.
El caso de José, residente en Piedra Blanca, Bonao, lo evidencia con contundencia. Mientras compartía una noche tranquila con su familia, un grupo de inquilinos de alquiler de corta duración irrumpió la paz comunitaria con música a niveles prohibidos por la Ley 90‑19. José hizo lo que cualquier ciudadano responsable haría: llamó al 911, al destacamento policial, a la línea 788 y a los números de WhatsApp del Ministerio de Interior y Policía. Sin embargo, nadie respondió.
Este episodio no solo evidencia una violación flagrante de las normas de convivencia, sino también una preocupante falla institucional. Cuando un ciudadano agota todos los canales oficiales y aun así no recibe auxilio, el mensaje que se transmite es devastador: la ley existe, pero no opera; los sistemas están creados, pero no funcionan; y la ciudadanía queda expuesta, desprotegida y frustrada. En otras palabras, termina imponiéndose la lógica del sálvese quien pueda, síntoma inequívoco de un Estado que no cumple con su deber esencial de garantizar orden, protección y confianza pública.
En resumidas cuentas, el tan anunciado Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no le sirvió para nada al señor José. Y la pregunta que inevitablemente surge es: ¿a cuántos miles de ciudadanos más habrá fallado este sistema que tanto se promociona, pero tan poco funciona?
Alquileres de corta duración y ruido: amenazas crecientes para la convivencia
Los alquileres de corta duración gestionados mediante plataformas digitales están alterando la convivencia comunitaria, debilitando la seguridad ciudadana y dificultando el control de visitantes pelafustanes. Mientras los propietarios irresponsables se benefician, las comunidades pagan el costo emocional y social. Es urgente que algún legislador deje de perder el tiempo en trivialidades y someta un proyecto de ley que regule este tipo de actividad, como ya ocurre en otros países.
La contaminación acústica tampoco es un simple fastidio: es un problema de salud pública. La OMS señala que el ruido es el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud en Europa, solo superado por la mala calidad del aire. Aun así, en la República Dominicana, la respuesta institucional sigue siendo lenta e ineficaz. El Ministerio repite como papagayo que “el ruido afecta la tranquilidad de tu comunidad” y que existen canales para reportarlo. Deberían preguntarle a José si esos canales funcionan.
Llamados urgentes
La convivencia sana en la República Dominicana está siendo erosionada por una combinación peligrosa de factores: falta de educación ciudadana, impunidad cotidiana, instituciones que no responden y una cultura social que ha normalizado el irrespeto como si fuera parte inevitable de la vida. Mientras estos elementos no se enfrenten con decisión, la convivencia seguirá siendo un privilegio de unos pocos y una frustración permanente para la mayoría. No se puede aspirar a salud mental individual y colectiva en un país donde el ruido, la agresividad y la indiferencia institucional se han convertido en la banda sonora de la vida diaria.
Los alquileres de corta duración, operando sin regulación ni supervisión, están profundizando esta crisis. No solo destruyen la tranquilidad de las comunidades: también facilitan el desorden, dificultan el control de visitantes y abren espacios para actividades que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Es inaceptable que plataformas digitales y propietarios irresponsables sigan beneficiándose mientras las comunidades pagan el costo emocional, social y psicológico.
El Congreso tiene la obligación moral, política y constitucional de legislar sobre este tema con urgencia. No hacerlo es una forma de complicidad pasiva con el deterioro de la convivencia y la inseguridad.
La ciudadanía, por su parte, debe asumir que convivir no es un acto opcional ni un gesto de buena voluntad: es una responsabilidad colectiva. Prevenir conflictos, riñas y muertes evitables depende del respeto mutuo, del cumplimiento de las normas y de la capacidad de exigir que las instituciones funcionen. No es inteligente ni factible seguir aceptando como normal que la paz comunitaria dependa del azar o de la suerte de que “no toque un vecino problemático”. La convivencia es un derecho, no un privilegio.
El Ministerio de Interior y Policía debe dejar de vivir del discurso y pasar a la acción. No se construye convivencia sana y productiva con campañas comunicacionales, ni con líneas telefónicas que nadie atiende, ni con promesas que se evaporan en cuanto se apagan las cámaras. La convivencia se construye con presencia real, con respuestas oportunas, con sistemas que funcionen y con autoridades que asuman su responsabilidad sin excusas. La sociedad dominicana no necesita más anuncios: necesita instituciones que protejan, que respondan y que garanticen la tranquilidad de la gente. Hablar menos y hacer más: ese es el deber pendiente.
En ese sentido, resulta contradictorio que, mientras la propia institución afirma en su campaña que “el ruido afecta la salud, el aprendizaje y aumenta el estrés (…) Reportemos excesos de ruido al 911, para fomentar una cultura de respeto”, la realidad cotidiana demuestre lo contrario. Si el Ministerio de Interior y Policía asegura haber fortalecido la Dirección Antirruidos y mejorar la capacidad de respuesta, pero los ciudadanos —como José en Piedra Blanca— no reciben asistencia cuando la necesitan, entonces el mensaje institucional pierde credibilidad. La convivencia no se garantiza con verborrea y declaraciones públicas, sino con acciones concretas que respalden lo que se comunica. Solo así podrá decirse, con legitimidad, que “nuestro interior está mejorando”.
(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).
