Opiniones
Rafael Caldera, el indulto a Hugo Chávez y el camino hacia la Venezuela de los terremotos y las ruinas
Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes.-
Pasé por Caracas en mayo de 1972, cuando regresaba a la República Dominicana después de haber cursado en Quito, Ecuador, el Segundo Curso Internacional de Periodismo Científico y Educativo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Aquella breve escala me permitió conocer una Venezuela muy distinta de la actual.
Gobernaba Rafael Caldera en su primer mandato constitucional y el país era considerado uno de los grandes modelos de estabilidad democrática de América Latina.
Mientras buena parte del continente vivía bajo dictaduras militares o soportaba graves crisis institucionales, Venezuela exhibía una democracia vigorosa, una economía en expansión impulsada por el petróleo, una creciente clase media y un sistema político que muchos observaban como ejemplo de alternancia pacífica y respeto a las libertades públicas.
Recuerdo la impresión que me produjo Caracas. Era una ciudad moderna, dinámica y optimista. Los venezolanos vivían convencidos de que el futuro les pertenecía.
Nadie podía imaginar entonces que aquella nación, una de las más prósperas del hemisferio occidental, terminaría décadas después convertida en escenario del mayor colapso económico, institucional y migratorio de la historia contemporánea de América Latina.
Volví veintisiete años después.
Regresé en febrero de 1999 formando parte de la delegación oficial de la República Dominicana encabezada por el presidente Leonel Fernández, invitada a la toma de posesión de Hugo Chávez Frías.
Entre aquellas dos visitas transcurrió menos de una generación.
Sin embargo, la Venezuela que encontré en 1999 era ya un país profundamente distinto.
La ilusión había dado paso al desencanto; la confianza en las instituciones se había transformado en frustración; y el sistema político construido después de 1958 mostraba señales evidentes de agotamiento.
La historia suele ser implacable con los gobernantes que, creyendo resolver una crisis inmediata, terminan sembrando una catástrofe de dimensiones nacionales.
En América Latina existen numerosos ejemplos, pero pocos resultan tan dramáticos como el de Rafael Caldera.
Treinta años después del inicio de su segundo mandato presidencial, Venezuela aparece devastada institucional, económica y socialmente, mientras millones de venezolanos han abandonado su patria.
Resulta imposible analizar esa tragedia sin examinar una de las decisiones más trascendentales de Caldera: el indulto que permitió el regreso a la vida política de Hugo Chávez.
Caldera ocupa un lugar relevante en la historia democrática venezolana. Fue uno de los arquitectos del sistema político nacido tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y uno de los firmantes del Pacto de Puntofijo, acuerdo que durante décadas garantizó alternancia electoral y estabilidad constitucional.
Fundador del Partido COPEI, ejerció la presidencia entre 1969 y 1974 y volvió al poder en 1994 en circunstancias completamente distintas, cuando el modelo político venezolano ya mostraba signos profundos de agotamiento.
La Venezuela que encontró Caldera en 1994 era muy diferente de aquella que había conocido durante su primer gobierno.
La crisis bancaria, la inflación, la caída de los precios del petróleo, el descrédito de los partidos tradicionales y las heridas abiertas por el llamado Caracazo en 1989 habían erosionado la confianza ciudadana.
El sistema democrático seguía funcionando formalmente, pero había perdido buena parte de su legitimidad ante amplios sectores populares.
En ese contexto apareció Hugo Chávez. El entonces teniente coronel había encabezado el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez.
Aunque el golpe fracasó militarmente, la breve intervención televisiva de Chávez con su célebre «por ahora» lo convirtió inesperadamente en un símbolo para una parte de la población profundamente desencantada con la clase política tradicional.
Al asumir nuevamente la presidencia en 1994, Rafael Caldera tomó la decisión política de otorgar el sobreseimiento de las causas penales contra los militares insurrectos, entre ellos Hugo Chávez, permitiéndoles reincorporarse plenamente a la vida pública.
Defendió Caldera aquella medida como un acto de reconciliación nacional destinado a cerrar las heridas abiertas por los levantamientos militares de 1992.
Sin embargo, con el paso de los años, esa decisión terminaría siendo una de las más debatidas de la historia política latinoamericana.
Los defensores de Caldera sostienen que Hugo Chávez ya se había convertido en un fenómeno político con un importante respaldo popular y que impedirle participar en las elecciones solo habría profundizado la crisis institucional.
Sus críticos, por el contrario, consideran que el presidente subestimó la verdadera naturaleza del proyecto político del antiguo teniente coronel y abrió la puerta para que un líder con una concepción abiertamente antipartidista y personalista alcanzara el poder utilizando los propios mecanismos de la democracia que posteriormente transformaría de manera radical.
Los hechos posteriores son ampliamente conocidos.
Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, promovió la Constitución de 1999, inició una creciente concentración del poder político y dio origen a la llamada Revolución Bolivariana.
Tras su fallecimiento en 2013, Nicolás Maduro heredó el poder y profundizó un modelo que terminó conduciendo al país a una de las crisis más severas de su historia republicana.
Organismos internacionales, universidades y centros de investigación han documentado durante años la prolongada contracción económica, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y el éxodo de más de siete millones de venezolanos, el mayor desplazamiento humano registrado en la historia contemporánea de América Latina.
No escribo estas líneas únicamente como historiador. También lo hago como testigo de uno de los acontecimientos políticos más importantes del continente.
El 2 de febrero de 1999 integré la delegación oficial de la República Dominicana, encabezada por el presidente Leonel Fernández, que asistió en Caracas a la toma de posesión de Hugo Chávez Frías.
Conservo todavía la credencial oficial que me acreditó como «Invitado Especial», documento que hoy constituye una valiosa evidencia de mi presencia en aquel acontecimiento histórico.
La noche anterior asistí, en el Palacio de Miraflores, a la recepción ofrecida por el presidente saliente Rafael Caldera en honor de los jefes de Estado y de las delegaciones extranjeras.
Allí se encontraba también Fidel Castro. Su presencia llamaba poderosamente la atención.
Vista con la perspectiva que otorgan los años, aquella imagen parecía anticipar la estrecha alianza política, económica y estratégica que poco después uniría a Cuba con el nuevo gobierno venezolano y modificaría profundamente el equilibrio geopolítico del Caribe y de América Latina.
Al día siguiente ocupé mi lugar en el Congreso Nacional para asistir a la juramentación del nuevo presidente.
Antes de ingresar al Salón de Actos presencié una escena que jamás he olvidado.
El expresidente Carlos Andrés Pérez llegó caminando prácticamente solo, sin escoltas visibles ni el despliegue de seguridad que había acompañado durante años a quien fuera uno de los hombres más poderosos de Venezuela.
Apenas fue reconocido por numerosos simpatizantes de Chávez, comenzaron a gritarle repetidamente: «¡Ladrón! ¡Ladrón!».
Aquellos gritos no iban dirigidos únicamente contra un antiguo mandatario.
Eran el símbolo del derrumbe del sistema político nacido del Pacto de Puntofijo en 1958.
En ese instante comprendí que Venezuela estaba entrando en una nueva etapa de su historia.
Lo que muchos interpretaron como una simple alternancia democrática terminaría convirtiéndose en una transformación mucho más profunda: la concentración progresiva del poder, el debilitamiento de las instituciones republicanas, el deterioro de la economía, la destrucción del aparato productivo y el éxodo de millones de ciudadanos.
Nunca imaginé, mientras observaba aquella ceremonia y escuchaba los aplausos que acompañaban el nacimiento del nuevo gobierno, que estaba presenciando uno de los acontecimientos políticos más trascendentales de la historia contemporánea de América Latina.
Tres décadas después, Venezuela aparece golpeada no solo por los terremotos de la naturaleza, sino también por un terremoto político e institucional cuyas ondas expansivas han repercutido en todo el continente.
Los recientes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela han vuelto a poner de manifiesto otra dimensión de la tragedia nacional.
Los fenómenos naturales pertenecen a la geología y escapan al control humano.
Sin embargo, la magnitud de sus consecuencias depende en gran medida de la fortaleza de las instituciones, de la calidad de la infraestructura pública, de la capacidad de respuesta del Estado y de la solidez de la economía.
Un país debilitado por décadas de deterioro enfrenta cualquier desastre natural en condiciones mucho más precarias.
Sería históricamente incorrecto atribuir toda la responsabilidad de esta tragedia exclusivamente a Rafael Caldera.
La crisis venezolana venía gestándose desde mucho antes.
Los errores acumulados por distintos gobiernos, la excesiva dependencia del petróleo, el desgaste del sistema político tradicional, la corrupción administrativa y el creciente desencanto ciudadano prepararon el terreno sobre el cual Hugo Chávez construyó su liderazgo.
Sin embargo, también resulta difícil negar que la decisión de permitir el regreso de Hugo Chávez a la vida política modificó decisivamente el rumbo de la historia venezolana.
Algunas decisiones de Estado producen efectos inmediatos; otras transforman el destino de generaciones enteras.
Las democracias no sobreviven únicamente porque celebren elecciones periódicas.
También necesitan instituciones fuertes, una cultura cívica sólida, partidos capaces de renovarse y ciudadanos dispuestos a defender el Estado de derecho.
Cuando la confianza pública desaparece y la sociedad deposita todas sus esperanzas en un líder providencial, la democracia comienza a perder los mecanismos que garantizan su propia supervivencia.
Treinta años después del segundo gobierno de Rafael Caldera, Venezuela continúa intentando reconstruir un país que durante buena parte del siglo XX fue uno de los más prósperos del continente.
Dotada de inmensas reservas petroleras, abundantes recursos naturales y un extraordinario capital humano, terminó sumida en una profunda crisis económica, institucional y social.
La historia seguirá debatiendo durante mucho tiempo el grado de responsabilidad de Rafael Caldera, Hugo Chávez y los demás protagonistas de este proceso.
Pero existe un hecho difícil de discutir: el indulto concedido al principal protagonista de los intentos de golpe de Estado de 1992 cambió el curso de la historia venezolana.
La credencial oficial que aún conservo, expedida por el gobierno venezolano para acreditarme como «Invitado Especial» a la toma de posesión del 2 de febrero de 1999, constituye hoy mucho más que un recuerdo personal.
Es una evidencia documental de que fui testigo presencial del nacimiento de una etapa histórica cuyas consecuencias siguen proyectándose sobre Venezuela y sobre toda América Latina.
A veces la historia no solo se estudia en los archivos.
También se presencia en silencio, entre los aplausos de una ceremonia, los gritos de una multitud y las decisiones de los gobernantes.
Solo con el paso de los años comprendemos que estábamos asistiendo al instante preciso en que comenzaba a cambiar el destino de una nación.
(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).
