Opiniones
Un sistema capturado: cómo las ARS reescribieron la Ley 87-01
El estudio de Tavárez y Bosch revela la privatización encubierta, la discrecionalidad regulatoria y la erosión del Estado social de derecho.
Por J. Luis Rojas
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En la República Dominicana, el debate sobre la reforma de la Ley 87‑01 ha adquirido una urgencia ineludible. En un país marcado por profundas desigualdades y una crisis creciente en el acceso a servicios de salud, resulta legítimo esperar que las instituciones que administran recursos pertenecientes a los trabajadores —como las AFP y las ARS— asuman un rol activo en la construcción del bienestar colectivo. Sin embargo, la naturaleza rentista de estos modelos de negocio ha limitado cualquier compromiso real con la responsabilidad social, mientras sus gremios —ADAFP y ADARS— se mantienen ajenos a las necesidades de una población que enfrenta barreras sistemáticas para ejercer su derecho fundamental a la salud.
En este contexto, el estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, elaborado por Francisco A. Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Fundación Juan Bosch, Seguridad Social Digna, Ciudad Alternativa y MOPESEP, aporta evidencia contundente sobre la estructura de poder que sostiene el actual modelo de aseguramiento. Sus hallazgos deberían ser referencia obligada para las entidades públicas y privadas que afirman trabajar en la impostergable reforma de la Ley 87‑01.
Un preámbulo necesario: el “no le cubre” como mecanismo estructural
Desde la economía política, los autores plantean que la reiterada experiencia del afiliado frente al permanente “no le cubre” no es una falla accidental, sino un mecanismo estructural de contención del gasto y maximización de rentas. La fragmentación del catálogo de prestaciones, las exclusiones explícitas e implícitas, las glosas y la burocratización del acceso funcionan como instrumentos de disciplinamiento de la demanda, trasladando el riesgo financiero y sanitario desde las ARS hacia las personas y sus familias.
En este esquema, el afiliado deja de ser sujeto de derecho y se convierte en un portador de riesgo, obligado a internalizar los costos del sistema cada vez que debe pagar de su bolsillo, desistir de una atención, organizar colectas, recurrir a la caridad pública o judicializar su derecho a la salud.
Dicho diseño reproduce una asimetría radical de poder: las ARS y los grandes prestadores privados controlan la información, los contratos y los flujos financieros, mientras el afiliado enfrenta un mercado opaco, con reglas móviles y altos costos de transacción para hacer valer sus derechos. La restricción de coberturas no es un problema técnico, sino una condición necesaria para sostener la rentabilidad de la intermediación privada bajo un esquema de capitación.
Cinco conclusiones que revelan la arquitectura del modelo
Tras este marco conceptual, Tavárez y Bosch presentan cinco conclusiones que describen con precisión el control casi absoluto que ejercen las ARS sobre los servicios sanitarios dirigidos a la población.
1. Convergencia de intereses entre ARS e industria privada de servicios de salud
El Seguro Familiar de Salud no opera como un mercado competitivo, sino como un espacio de convergencia estructural de intereses entre las ARS privadas y una creciente industria de servicios de salud. Sus incentivos se alinean en torno a la contención del gasto público, la absorción de recursos sociales mediante contratos y la expansión del mercado privado.
Incluso SENASA, especialmente en el Régimen Subsidiado, se convierte en el fondo a capturar, al garantizar volúmenes estables de pago que alimentan la red privada.
Mientras tanto, el sector público queda relegado a un rol residual, obligado a asumir la atención de mayor complejidad social y sanitaria sin el financiamiento correspondiente. Se consolida así una duplicación del sistema: rentabilidad asegurada para el capital privado y precarización crónica para los servicios públicos.
2. El trasvase de fondos públicos como privatización encubierta
El uso creciente de recursos del Régimen Subsidiado para pagar servicios privados constituye un trasvase estructural de fondos públicos hacia intereses particulares, operando como una forma de privatización encubierta.
Este mecanismo contradice la Ley 87‑01, que establece la primacía de los prestadores públicos y el rol central de SENASA, y vulnera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reafirma el carácter público del aseguramiento en el Régimen Subsidiado.
La normalización de estas prácticas —amparada en reglamentos y resoluciones secundarias— evidencia la captura regulatoria del sistema y la reinterpretación de la legalidad para adecuarla a las necesidades del mercado, no a los derechos de la población.
3. Conflicto legal y erosión del Estado Social de Derecho
La contradicción entre la Ley 87‑01, la jurisprudencia constitucional y las prácticas reales del SFS revela un proceso de erosión del estado social de derecho. No se trata de incumplimientos aislados, sino de una reconfiguración del orden normativo en favor de actores privados con alta capacidad de incidencia política y económica.
El conflicto de fondo es claro: la salud como derecho fundamental versus la salud como mercancía y fuente de rentas.
4. El Seguro Familiar de Salud como mercado político
El SFS no es un esquema técnico neutral, sino un dispositivo neoliberal diseñado para asegurar la rentabilidad de un mercado atravesado por cuotas de poder, disputas distributivas y captura institucional.
La capitación, el catálogo, las contrataciones y las discusiones sobre sostenibilidad financiera encubren una pregunta esencial:
¿Quién se apropia del excedente social generado por las cotizaciones obligatorias y los recursos públicos?
Mientras esta pregunta permanezca fuera del debate, el sistema seguirá reproduciendo un patrón de acumulación rentista y deterioro crónico de los servicios públicos.
5. La reforma necesaria
La reforma debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Ley 01‑12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, asegurar la inversión del 5% del PIB en salud, recuperar y transformar SENASA y fortalecer los servicios públicos.
La elevación de cotizaciones y la mercantilización radical solo conducirán a la deshumanización, la crisis social y el colapso de lo público.
Las cotizaciones sociales y los recursos provenientes de impuestos no pueden seguir siendo capturados y privatizados a través de la intermediación de las ARS ni de contrataciones privilegiadas.
El rescate de SENASA como seguro universal y la reunificación del MISPAS y el SNS como garantes efectivos de la salud individual y colectiva son pasos esenciales hacia un estado social y democrático de derecho.
Las ARS: por encima de la Ley
Los hallazgos de Tavárez y Bosch revelan un sistema donde la legalidad ha sido desplazada por la discrecionalidad. Muchas de las decisiones arbitrarias que aplican las ARS —desde restricciones de cobertura hasta criterios de autorización y glosas— no están contempladas en la Ley 87‑01, ni en su reglamento, ni en la Constitución. Son, más bien, el resultado de resoluciones complacientes emitidas por los representantes del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), un órgano donde confluyen intereses corporativos con capacidad de incidir en la orientación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Esta práctica ha permitido que normas secundarias —resoluciones, circulares, acuerdos administrativos— terminen imponiéndose por encima del marco legal, profundizando la captura institucional y debilitando la protección de los derechos de los afiliados.
Por ello, la reforma integral y participativa de la Ley 87‑01 no puede limitarse a ajustes técnicos ni a negociaciones entre actores con intereses contrapuestos. Se requiere una decisión política firme que restituya la supremacía de la ley, recupere el sentido público de la seguridad social y coloque en el centro el derecho fundamental a la salud. Solo así será posible construir un sistema de seguridad social que responda al interés general y no a la rentabilidad de unos pocos.
En este escenario, resulta inaceptable y ridículo que el senador Rafael Barón Duluc Rijo, representante de La Altagracia, concentre su agenda legislativa en un proyecto que pretende despojar al INFOTEP de su misión institucional, en vez de enfrentar la crisis estructural del Seguro Familiar de Salud. Mientras el estudio de Tavárez y Bosch demuestra cómo las ARS capturan recursos públicos, distorsionan la legalidad y profundizan la desigualdad, el legislador decide invertir tiempo y capital político en una iniciativa que debilita una institución pública que sí cumple con su mandato de ley y que sostiene la formación técnica del país. Esa desconexión con las urgencias nacionales no solo es un error político: es una renuncia explícita al deber de legislar para el bienestar colectivo.
Lo que el senador Barón Duluc debería estar haciendo —si realmente le importara el interés público— es motivar a sus colegas a reformar de manera integral la Ley 87‑01, enfrentar la arquitectura rentista que asfixia a los afiliados y detener el drenaje de fondos públicos hacia intereses privados. En vez de intentar desnaturalizar instituciones gubernamentales que funcionan, debería asumir la responsabilidad histórica de impulsar los cambios que el sistema de salud exige con urgencia. Porque mientras el país reclama una reforma que garantice derechos, él insiste en proyectos que desvían la atención y debilitan lo público. Esa es la verdadera incoherencia que la sociedad dominicana no puede seguir tolerando.
(Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la postura de Últimas Noticias).
