INDEXACIÓN ANUAL DE LOS SALARIOS

Por Arismendi Díaz Santana.-

La estabilidad fiscal no puede ser a costa de la inequidad e inestabilidad social. La no actualización del límite de los salarios libre de impuestos deniega un derecho elemental que acentúa las desigualdades sociales y erosiona la esperanza y el respeto a las instituciones democráticas

ElCódigo Tributariodispone la indexación anual del límite de los salarios exentos del impuesto sobre la renta, protegiendo a los trabajadores públicos y privados. Pero la misma no se cumple desde el 2017 gravando a más de 924,956 afiliados de ingresos medios.Y para legalizar esta injusticia su vigencia se deroga año tras año.

En el 2026 esta maniobraa los trabajadores les costará 13,764.3 millones de pesos en impuestos inmerecidosy sin ninguna garantía de retorno en servicios públicos eficientes. A esta merma millonariase agregan otros 40,000 millones por el gasto familiar de bolsillo de este grupo, comprimiendo aún más el presupuesto familiar de la clase media.

El senadorOmar Fernández, exigió al Gobierno cumplir con el Código Tributario ajustando la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta. Esta práctica ilegal e injusta constituyeun castigo fiscal mantenido durante 10 años consecutivos.

Según el Consejo Regional Empresarial y Social (CRES) el límite de exención actual debería ser de 52,151 pesos, mientras permanece congelado en34,685, con una diferencia de 17,466 pesos.Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2025 la inflación acumulada fue del 41.34%.

El presidenteLuis Abinader, reconoce que la indexación salarialque manda el Código Tributarioes una medida “justa y necesaria”,pero advirtió que su aplicación disminuiría los ingresos del Gobierno, obligando a reducir áreas sensibles por su impacto social. “ElGobierno analizacómo aplicar la indexación de la manera más equilibrada posible, que no comprometa elequilibrio presupuestario”.

Según el ministro de Hacienda y Economía,Magín Díaz, la indexación salarialdisminuiría las recaudaciones en unos 25,000 millonesanual, «si se hace de golpe”. Reiteró que el Gobierno está dispuesto a evaluar alternativas, siempre que no comprometan laestabilidad fiscal y que se aplique«de manera gradual».

El costo de la renuncia de una reforma fiscal integral no puede recaer sobre la economía de los trabajadores porque carecen de capacidad de presión y de influencia política

El economistaNelson Suárez, cuestionó la exageración oficial sobre del impacto de la indexación señalando quela reducción del impuesto sólo sería de 13,764.3 millonesy que en parte la misma sería compensada con los impuestos adicionales a consecuencia de un mayor consumo de los asalariados privados y públicos.

Señaló el hecho de que mientras se les congela el límite de exención a los asalariados, cada año se aplican ajustes por inflación, tasa cambiaria y valoración de activos a las empresas y corporaciones exentas.Una práctica que mantiene a los asalariados en franca desventaja y que amplía la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza nacional.

“El Gobierno no tiene ninguna excusa válidapara mantener una situación que perjudica a los asalariados frente a su contraparte del sector empresarial. Si se mantiene la suspensión del ajuste por inflación para los asalariados,cada aumento de sueldo que se aplique resultará en un impuesto fiscal mayor para los trabajadores”.

Esta política inequitativa y concentradora del ingresotambién empobrece a casi 200,000 pensionadoscuyos ingresos, además de insuficientes,se han devaluado durante más de una década sin actualizar su poder adquisitivo. Por derecho y justicia, los envejecientes también demandan de las autoridades un reajuste que lleve alivio para salir de la pobreza extrema.

Estamos ante undoble rasero: denegación de derechos para la gran mayoría y mantenimiento de privilegios para las minorías. Esta situación parcializada genera impotencia y resentimientos de la gente común que, al ser recurrente, fomentan la pérdida de esperanzas y de respeto a las instituciones y a los valores democráticos,erosionando la gobernanza.

Se trata de una situación insostenible, de una práctica que discrimina a la mayoría y perpetúa beneficios y privilegios a los grupos y sectores más influyentes. El gobierno del cambio no puede cargar con esa injusticia. El país espera que el presidente Luis Abinaderimpulse una reforma fiscal integral que elimine privilegios, fomente la equidad yatienda estos justos reclamos de los trabajadores y pensionados.