Un fondo personal… ¿mío, verdaderamente mío?

Por Luis Holguín-Veras Martínez
(Psicólogo y Activista Social)

En la República Dominicana, la creación del sistema de pensiones basado en la capitalización individual fue presentada como la gran reforma del siglo. Una promesa de dignidad para enfrentar los desafíos propios de la vejez, enfermedades, accidentes y otras eventualidades inevitables de la vida.

Han pasado cerca de 24 años desde la aprobación de esta prometedora ley, y 22 desde su implementación. ¿Qué hemos obtenido a cambio? Dolor y frustración.

El sistema de capitalización individual, impuesto por la Ley 87-01, prometió seguridad en la vejez. En la práctica, ha entregado lo contrario: incertidumbre, beneficios mínimos para las personas afiliadas y ganancias garantizadas para un puñado de empresas que administran los fondos.

Nos vendieron la idea de un fondo de pensión «personal», intocable, de nuestra propiedad exclusiva. Pero la realidad ha sido muy distinta. En varias ocasiones, las cuentas individuales han mostrado reducciones injustificadas, sin previo aviso ni explicación clara. Cuando los afiliados exigieron respuestas, las AFP -junto con su defensor oficial, la Superintendencia de Pensiones- culparon al mercado y a la depreciación del peso. Prometieron reposición… que nunca llegó.

Miles de personas aún esperan recuperar un dinero que supuestamente era suyo. ¿Dónde está? ¿A quién le pertenece realmente? ¿Por qué la los montos rebajados por las AFP no han sido repuestos?

La pregunta que debemos hacernos es tan incómoda como urgente: ¿de verdad ese fondo es mío?

Las AFP han convertido la protección social en un negocio privado. Obtienen beneficios garantizados, sin importar los resultados que ofrecen. Mientras tanto, los afiliados vemos cómo nuestros ahorros pierden valor y somos tratados como simples contribuyentes, sin derechos reales sobre lo que nos pertenece.

La Ley 87-01 necesita más que parches. La ciudadanía está atenta y no aceptará reformas cosméticas que sigan beneficiando a los sectores empresariales incrustados en el sistema. Queremos una transformación profunda, basada en los derechos fundamentales: salud, protección en la vejez, atención en casos de discapacidad, maternidad y otras necesidades humanas.

La capitalización individual ha sido una promesa incumplida. Ofreció un fondo personal, pero entregó beneficios inciertos y tardíos, a cambio de ganancias crecientes para las AFP. Convirtió la vejez en un riesgo individual, desvinculando al Estado de su responsabilidad colectiva y traicionando la promesa de universalización de las pensiones.

Pero el pueblo ha despertado. El pueblo dominicano sabe que su fondo no es verdaderamente suyo. Que no hay garantías. Que las AFP ganan siempre, mientras los afiliados arriesgan todo.

Y ahora la población exige un cambio real. Un sistema de reparto moderno, solidario y sostenible, como el que propone la Coalición por la Seguridad Social Digna, respaldado por estudios actuariales rigurosos. Este modelo permitiría pensiones más justas, a menor costo que el sistema actual.

La República Dominicana necesita un sistema mixto y opcional. Las AFP podrían competir libremente por los ahorros voluntarios de quienes deseen complementar su pensión. Pero no deben ser el único camino ni una imposición obligatoria.

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) insiste en que la modificación de la Ley 87-01, debe reconocer y cumplir con los derechos adquiridos como lo son aquellos de las personas que cotizaron a otros sistemas con el basado en las Leyes 1896 y 379-81. Es necesario corregir las distorsiones insertados en las normativas para favorecer a los negocios insertados en la seguridad social, en perjuicio de los derechos de las personas titulares de derechos.

El MOPESEP mantiene su reclamo de un aumento significativo al salario mínimo del sector público, que desde inicios del año 2019 se ha mantenido como un salario de miseria muy por debajo del Costo de la Canasta Básica Familiar.

Así mismo, el MOPESEP exige que las autoridades calculen el Límite Máximo de Pensión tal y como lo establecen las Leyes 379-81 y 87-01, es decir, a partir del salario mínimo nacional y no como lo continúa calculando la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), que insiste en hacerlo en base al sueldo mínimo del sector público, de forma injusta e ilegal y reduciendo el monto de pensión a servidores públicos a quienes no les corresponde legalmente una pensión de más de RD$80,000.00.

El MOPESEP solicita a las autoridades que no se sigan concediendo beneficios particulares a personas o grupos de servidores públicos, discriminando a los demás.  Que se respete el principio de Igualdad que instituye la Constitución Dominicana y que se cumpla con los derechos instituidos en nuestras leyes.

El actual sistema es costoso e injusto. No protege. No cumple. Y ya no engaña a nadie.

La población está dispuesta a actuar, a participar, a ser protagonista del cambio. Exige una transformación integral de la seguridad social. Porque llegó la hora de construir un sistema que no nos exponga al riesgo ni sirva únicamente a los negocios, sino que garantice, mediante la solidaridad, el derecho a una vida digna para todas las personas afiliadas.

¡No pedimos privilegios! ¡Exigimos justicia!